Cifra de la presunta estafa liderada por Javier Biosca asciende a €818 millones

EN RESUMEN
  • Se niega la libertad condicional a Javier Biosca después de que la fiscalía se enterase de que habría robado más de 818 millones de euros.
  • El Ministerio Público cambió su posición favorable de excarcelación debido a la gravedad de los hechos.
  • Las autoridades continúan rastreando los fondos que manejaba Biosca en su estafa piramidal.
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El 21 de febrero, Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional de España que maneja el caso de Javier Biosca —implicado en el infame scam de Algorithms Group— rechazó el recurso de reforma presentado por el acusado en vista de las nuevas pruebas que esclarecen una estafa en criptomonedas superior a los 818 millones de euros.

Debido a la magnitud del agravio, la fiscalía cambió totalmente su posición favorable hacia el acusado impidiendo que recibiera una condena de libertad provisional bajo una fianza de un millón de euros como fue propuesto inicialmente, ya que Biosca cuenta con dinero suficiente para poder planificar una fuga.

Abascal dijo que era mejor evitar cualquier tipo de “repeticiones innecesarias” en cuanto a una posible fuga, ya que anteriormente Biosca había huido de España por más de un año, después de perpetrar la estafa piramidal mediante su empresa Algorithmics Group:

“Para evitar repeticiones innecesarias, sobre todo porque no han variado las circunstancias, son atendibles los argumentos –que se dan por reproducidos y se asumen nuevamente en esta resolución– del auto de 10 de febrero de 2022, denegatorio de la libertad provisional del investigado tras la comparecencia del día anterior”.

Ante esto, la defensa de Biosca respondió que no existía peligro de fuga por parte de su cliente, ya que el caso había sido destapado a nivel internacional. Situación que en el paso no le impidió a Biosca huir de la justicia con el dinero robado.

La fiscalía cambió radicalmente su postura ante el caso

Según el medio EuropaPress, uno de los detalles más relevantes del caso actualmente, es el cambio radical que tuvo la fiscalía después de enterarse que la cifra de la estafa asciende a más de 818 millones de euros, es decir, casi un 300% más de lo que se manejaba en el inicio del caso.

Es opinión de la fiscalía que, por sus características, el monto de los daños debe incluir una serie de intereses adicionales. De allí que se exiga una suma tan grande de dinero:

“El perjuicio originado, hasta el momento, asciende a más de 818.594.308, 98 euros. Cifra que resulta del cálculo realizado por las acusaciones al estimar que, los contratos realizados con los querellados tienen vigencia y, consecuentemente, tienen plena eficacia jurídica, por ende, solicitan los intereses pactados en dichos contratos”.

El fiscal Pedro Rubira, quien habría aceptado la libertad condicional de Biosca, cambió su posición, aludiendo a la “gravedad de la pena” y a la “capacidad económica” que posee el acusado, agregando que anteriormente podía realizar miles de transacciones en criptomonedas en cuestión de minutos, lo que se traduce en un posible riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Debido a las nuevas pruebas “existen indicios racionales de criminalidad, peligro de fuga, oscurecimiento de la prueba o peligro de destrucción por el investigado” según Rubira.

¿La mayor estafa piramidal con criptomonedas en España?

Como reportó BeInCrypto anteriormente, la estafa de Biosca se encuentra casi a la par con el caso Arbistar, el esquema ponzi con criptmonedas más grande de habla hispana con fondos cercanos a los 1,000 millones de dólares (882 mil euros).

Por ahora se desconoce si las víctimas lograrán recuperar el dinero que presuntamente aún sigue en manos de Biosca, y que él mismo ha declarado tener intenciones de devolver, sin las rentabilidades que había garantizado en un inicio, alegando que no estaban aseguradas en el contrato.

Sin embargo, Biosca le exigió al juez que debía quedar en libertad para realizar la devolución del dinero, una situación que no fue de agrado para las víctimas que pidieron que siga encarcelado y realice dichas operaciones mediante estricta vigilancia carcelaria.

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