¿Son legales las criptomonedas en los países hispanos?

Las criptomonedas han resultado ser bastante escurridizas en el ámbito legal gracias a su novedad. En su gran mayoría, se trata de monedas no emitidas por bancos centrales ni instituciones oficiales, algo que no se había visto hasta la fecha dentro de nuestra legal y estricta economía global. ¿Cómo se regula algo así? ¿Debería prohibirse de lleno? Son dos preguntas que han tenido que enfrentar entes regulatorios de todo el mundo. En muchos de los países donde el uso de criptomonedas se ha extendido entre sus ciudadanos, los entes oficiales han intentado hacerlas encajar dentro de categorías distintas para rehusar las mismas leyes: valores (commodities), mercancías, propiedades, activos, métodos de pago; eludiendo especialmente tratarlas como “monedas”. Esto ha tenido distintos resultados según la jurisdicción. En el mundo de habla hispana, conformado por 21 países repartidos entre varios continentes, no ha sido diferente. Las posiciones legales de los distintos territorios van desde lo permisivo, hasta lo abiertamente hostil (como Bolivia), pasando también por una ignorancia casi completa del tema. Veamos algunos casos, con información de una encuesta global sobre regulación de criptomonedas llevada a cabo por la Biblioteca del Congreso estadounidense.

México

Este ha sido uno de los países a la vanguardia sobre regulación de criptoactivos. Estos son legales en el país, pero están sometidos a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (mejor conocida como Ley Fintech), promulgada en marzo de 2018. Asimismo, también les afecta la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que previene el lavado de dinero. De acuerdo a la Ley Fintech, las criptomonedas son reconocidas como “activos virtuales”, cuya definición es “…la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.” En resumidas cuentas, quienes deben estar al tanto de esta normativa en México son las plataformas exchange de criptomonedas que también trabajen con pesos mexicanos. El Banco central de México (Banxico) tiene potestad para dar licencia o no a estas entidades, así como para decidir que criptoactivos deben o no comercializar. Para conseguir esa licencia, por otra parte, los exchanges deben cumplir los debidos procedimientos de KYC (identificación de los clientes) y presentar reportes sobre sus actividades. Las actividades de financiamiento colectivo (como las ICO) también deberán presentar documentos para identificar a sus administradores y participantes. Adicionalmente, de momento no hay acuerdos claros sobre el tratamiento fiscal (impuestos) de las criptomonedas en México.

España

A partir del 2018, las autoridades financieras españolas comenzaron a advertir sobre las criptomonedas y las ICO. En un comunicado conjunto entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se asegura lo siguiente:

“Ninguna emisión de “criptomoneda” ni ninguna ICO ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España. Esto implica que no existen “criptomonedas” ni “tokens” emitidos en ICOs cuya adquisición o tenencia en España pueda beneficiarse de ninguna de las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de inversión”.

Más allá de estas advertencias, solo existen regulaciones parciales al respecto. Así, las ganancias derivadas de transacciones con criptomonedas deben pagar el respectivo impuesto de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las ICO deben ser supervisadas por las Empresas de Servicios de Inversión (ESI), que son los organismos autorizados en España para desarrollar actividades y servicios en los mercados de valores.

Argentina

Este es uno de los países hispanos donde está más extendido el uso de Bitcoin y criptomonedas. Sin embargo, no existe una legislación específica al respecto, sino que apenas algunas regulaciones ya existentes se han aplicado a los criptoactivos. Según la última reforma del Impuesto a la Ganancias de enero de 2018, las ganancias con criptomonedas son gravables en el país hasta el 15% sobre la base imponible. Asimismo, la Comisión Nacional de Valores ha establecido que algunos tokens provenientes de ICOs pueden ser considerados valores y serán regulados como tal. Por lo demás, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores han asegurado estar trabajando de manera conjunta con representantes del sector de las criptomonedas para construir una “regulación inteligente” al respecto.

Bolivia

Ha sido el único país del mundo hispano en prohibir abiertamente las criptomonedas. Así se expresó desde 2014 en la resolución titulada “Gerencia de entidades financieras –prohibición del uso de monedas y denominaciones monetarias no reguladas en el ámbito del sistema de pagos nacional”. El motivo de dicha negativa fue la proliferación de estafas relacionadas con criptomonedas en el país, como fueron los casos de Bitcoin Cash (no relacionada a la altcoin del mismo nombre), Pay Diamond, Two Bitcoin y Airbit Club-Two BiCoint. Pese a que estos esquemas dieron solo un mal uso a las criptomonedas, las autoridades en Bolivia decidieron cortar el problema de raíz. Sin embargo, hay que decir que la medida no ha sido muy eficaz. El comercio con criptomonedas en la región aún existe, gracias a plataformas como LocalBitcoins y Bitrefill; por no mencionar también a las redes sociales.

Ecuador

La posición de este país sobre las criptomonedas ha resultado ser bastante ambivalente. A través de un decreto publicado a mediados de 2014, el gobierno prohibió oficialmente el uso de Bitcoin y otras criptomonedas descentralizadas. El principal motivo para tal decisión fue que el Estado crearía su propia criptomoneda, lo cual, de hecho, sucedió sin mucho ruido. Para 2016, esta criptomoneda estatal ya se estaba reportando como un fracaso, pese a que el gobierno abrió opciones para su utilización entre los ciudadanos e incluso se obligó a los bancos a adoptarla. Parece que en enero de 2018 se renuncia a la idea finalmente, cuando el Banco Central de Ecuador declara que “no está prohibida la compra y venta de criptomonedas -como el bitcoin- a través de Internet”, si bien, “se recalca que bitcoin no es una moneda de curso legal y no está autorizada como un medio de pago de bienes y servicios en el Ecuador”. Más allá de esto, no se han reportado nuevas regulaciones al respecto.

Venezuela

En teoría, casi todas las actividades relacionadas a las criptomonedas están reguladas en el país desde el 2018. Las leyes y decretos comenzaron en febrero con el registro obligatorio de mineros de criptomonedas dentro del territorio por parte del Observatorio Blockchain, ente gubernamental creado específicamente para la supervisión del uso de dicha tecnología en Venezuela. Este registro estaría destinado a cobrar impuestos por este tipo de ganancias. Posteriormente, en octubre de 2018, se fundaron la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y Tesorería de Criptoactivos de Venezuela. Estos organismos se encargarían de regular todo lo relacionado a las criptomonedas, desde su emisión y tenencia hasta su custodia y distribución. En diciembre se emitió además un decreto que dictamina que todas las personas y empresas que realicen operaciones con criptomonedas deberán calcular y pagar el debido impuesto sobre sus ganancias. A ese le seguiría en enero de 2019 otro decreto más sobre el “Sistema Integral de Criptoactivos” nacional. Este determina, entre otras cosas, las amplias competencias de la Sunacrip en el campo de las criptomonedas dentro de Venezuela y las multas establecidas para aquellos usuarios que irrespeten las condiciones de uso. En febrero de 2019 se añade a las competencias de la Sunacrip, mediante un nuevo decreto, el control de la entrada de remesas en criptomonedas; incluyendo tarifas de transacción. Aparte de todo esto, en abril de 2018 se lanzó una presunta criptomoneda estatal denominada Petro (PTR). Dada quizás su baja tasa de adopción, el dirigente Nicolás Maduro realizó este 2020 una serie de decretos que obligan a su uso por parte de aerolíneas y entes gubernamentales. Cabe resaltar que todo este sistema regulatorio es muy poco cumplido por los venezolanos en general y resulta poco probable que sea aceptado por exchanges internacionales, dado que el gobierno de Maduro ha sido declarado como ilegítimo por muchos países.

Colombia y Chile

Ambos países, prolíficos en criptousuarios, han tenido posiciones muy similares sobre las criptomonedas. Ninguno posee a la fecha una regulación específica al respecto, pero ambos han advertido, como muchos otros países, que las criptomonedas no son de curso legal y los riesgos derivados de su uso deben ser asumidos por cada individuo. Pese a que este parece el procedimiento estándar, lo cierto es que Colombia y Chile han demostrado cierta hostilidad hacia esta clase de activos virtuales. Así lo atestiguaron los cierres de las exchanges Buda.com y CryptoMKT en ambos países durante 2018. Sin embargo, en ambos países también sucedió que estas exchanges volvieron a operar con favorables resultados jurídicos. Asimismo, ambos se encuentran en proceso de preparar sus propias legislaciones sobre criptomonedas.

América Central

En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el uso de criptomonedas no está prohibido. Sin embargo, en casi todos los casos, las respectivas autoridades han advertido, como la CNMV en España, que estas no son monedas de curso legal y no se ofrece ninguna clase de garantía a los usuarios. Nicaragua es quizás quien menos ha mostrado actividad al respecto, con ninguna clase de comunicado por parte de las autoridades y más bien poco uso reportado de criptomonedas. En Costa Rica, por otro lado, los usuarios deben ceñirse a las leyes AML (antilavado de dinero) y CFT (financiamiento terrorista). Además, El Salvador ha sido el único de este grupo en prohibir expresamente las ICO desde 2017.

El Caribe

No se han prohibido las criptomonedas en República Dominicana, Cuba ni Puerto Rico. Sin embargo, solo en el primero de este grupo se realizó un comunicado oficial para advertir a los ciudadanos sobre el riesgo de la utilización de estos activos y su falta de garantías. Cuba apenas reporta uso y no se ha dado ninguna clase de comunicado oficial sobre alguna posible regulación. Puerto Rico, por su parte, suele adherirse a las leyes estadounidenses al respecto, pues es un territorio anexo a dicho país. Estas incluyen el pago de impuestos según lo dictamina el Servicio de Impuestos Internos (IRS). No obstante, también se mencionan las criptomonedas como “otros activos” en el Código de Incentivos de la isla. Esto implica que su tenencia allí, tanto por parte de empresas como de individuos, estaría exenta de cualquier impuesto.

Otros

Paraguay, Uruguay y Perú han demostrado posiciones similares al advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos, pero no poseen ninguna legislación específica. No obstante, resulta destacable que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú sea miembro del consorcio blockchain R3CEV, destinado a probar nuevos usos de esta tecnología. Por último, cabe recordar a Guinea Ecuatorial en África, que también es un país hispanohablante. Más allá de cierta actividad en LocalBitcoins y en las redes sociales, la verdad es que el uso de criptomonedas no está muy extendido en este territorio. A su vez, las autoridades también han permanecido silenciosas sobre el tema. Para concluir, debemos resaltar que en la mayoría de los países hispanos las criptomonedas son bien acogidas, pero no poseen una legislación determinada. Las autoridades de cada país van tratándolas según crece el uso, y aún queda mucha adopción que recorrer.