Exchanges de criptomonedas tendrán nuevas regulaciones en España

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del gobierno español ha presentado el Anteproyecto de ley –/2020 para la modificación de la ley 10/2010. Este documento tiene como finalidad que los exchanges de criptomonedas y monederos virtuales puedan verse regulados por la legislación referente al lavado de dinero y financiación al terrorismo en España. Hasta este 23 de junio era el plazo para presentar alegaciones o comentarios sobre la propuesta de modificación. En el preámbulo del anteproyecto se menciona de forma expresa que “se incorpora como sujetos obligados a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos”. Más adelante, el cuerpo legal procede a determinar que las funciones ejecutadas por un monedero son las de prestar “servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales”.   Las empresas que sean “proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales, de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, de transferencia de monedas virtuales” también se les considerará como sujetos obligados para con el cumplimiento de la legislación pertinente para el lavado de dinero y financiación al terrorismo en España.

¿Qué cambios concretos traerá esta modificación?

Más allá de determinar que son sujetos obligados, es pertinente aclarar algunas de las obligaciones que tendrán que cumplir los portales exchange y empresas que ofrecen servicios de custodia de criptomonedas en el mercado español. Para ello, es necesario presentar algunos elementos de la Ley 10/2010: La primera obligación a resaltar es que los exchanges y monederos “identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones”, tal como lo establece el artículo 3. El artículo 5 también amplía que “los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información”, lo que implica que el proceso de KYC (Conozca a su cliente, en español) que venían aplicando los exchanges será más extenso y riguroso que antes. Resulta importante señalar que, en el artículo 6 del documento legal en cuestión, detalla que la vigilancia sobre los usuarios puede ser continua, al mencionar que los obligados tendrán que aplicar “medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios”, lo cual implica implica el “escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de la relación de negocios”. Los exchanges deberán conciliar la información que recaben de las acciones de los usuarios con los datos suministrados por ellos mismos. Para un caso más práctico, podríamos mencionar que un exchange evaluará si el ritmo de compra de criptomonedas de un usuario es cónsono con su ingreso salarial declarado ante el portal y, en el caso de que haya alguna incongruencia, podrán tomar las acciones pertinentes.

Monedas de privacidad estarían en el punto de mira

Las monedas de privacidad como Monero, Zcash o Dash (A pesar de que estas últimas no son estrictamente de privacidad como tal), podrían verse en peligro dentro de los exchanges españoles. Esta situación se deriva por lo establecido por el artículo 16 de la ley que ahora rige a los monederos y plataformas de intercambio en España, el cual establece de forma expresa que deberán prestar “especial atención a todo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo que pueda derivarse de productos u operaciones propicias al anonimato, o de nuevos desarrollos tecnológicos”. Así mismo, las técnicas destinadas a hacer de Bitcoin y otras criptomonedas más “anónimas” también podrían verse bajo la vigilancia de los exchanges y monederos que quieran operar correctamente bajo la legislación española.

La descentralización como solución ante la regulación

España tiene una regulación similar o casi idéntica con sus socios europeos. Como ya comentó a BeIncrypto Kristina Kalcheva, cofundadora, directora y experta legal de Jelurida, en una entrevista sobre la regulación global:

Con algunas excepciones (por ejemplo Malta), la mayoría de los estados miembros de la UE no ofrecen buenas condiciones para las empresas de blockchain y, aunque no hay restricciones legales explícitas, hay una fuerte resistencia del sector financiero tradicional a los proyectos relacionados con las criptomonedas.

La regulación sigue siendo una de los factores decisivos como freno de la industria blockchain y sobretodo contra las criptomonedas. Como reza la encuesta realizada por Stanford Business a empresas clave de la industria el “50% de los encuestados piensa que la regulación es la principal preocupación para el sector de blockchain.” Jose Manzanares Allén, validador de emisiones de STOs, apuntó respecto a la regulación  la clave es la custodia de valores. En un exchange centralizado habrá un momento en el que los cripto activos son custodiados por la plataforma. Por ello, la regulación estipulada puede recaer sobre la empresa. La solución ideal sería los exchange descentralizados, etiquetados como DEX. Al ser un intercambio puramente entre dos personas (P2P) por ley la regulación no podría recaer sobre la entidad al no ser responsable de los valores de sus clientes, sólo facilitan la comunicación entre ambos. Como ya informó BeInCrypto, los DEX han aumentado un 241% en lo que va de año según un análisis de Messari, proveedor de análisis de cripto. Aun queda mucho recorrido para alcanzar un servicio DEX que se pueda equiparar con un exchange centralizado, pero mientras existan acciones como por ejemplo la propuesta del PSOE de eliminar el efectivo en España puede que el sector cripto observe un auge en el interés por los exchange descentralizados.