Los diputados del Parlamento Europeo (PE) y el Consejo han alcanzado un acuerdo histórico sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA).
Según la legislación, su objetivo es sentar las bases para un uso seguro, ético y responsable de la IA en Europa, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales, la democracia y la sostenibilidad medioambiental.
La normativa de Europa sobre IA pretende lograr un “delicado equilibrio
En una declaración reciente, se subraya que el acuerdo supone un delicado equilibrio. Se trata de un equilibrio entre el fomento de la innovación y la garantía de salvaguardias frente a los posibles riesgos asociados a la IA.
La nueva normativa aborda una serie de aplicaciones preocupantes de la IA, incluida la prohibición de la categorización biométrica basada en características sensibles como las creencias políticas o religiosas.
Además, la legislación pone fin a la extracción no selectiva de imágenes faciales de Internet o de grabaciones de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial.
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Reconociendo las amenazas potenciales para los derechos de los ciudadanos y la democracia, la legislación también prohíbe el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo e instituciones educativas.
Además, la puntuación social basada en el comportamiento o las características personales, y el uso de sistemas de IA para manipular el comportamiento humano. Además, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situaciones sociales y económicas.
Señala que los negociadores han establecido salvaguardias y excepciones limitadas para el uso de sistemas de identificación biométrica. Entre ellas figuran la autorización judicial previa y limitaciones estrictas al uso de estos sistemas.
Europa: La normativa sobre IA plantea riesgos
Para los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo por su potencial perjuicio para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, la legislación introduce obligaciones claras. Esto incluye evaluaciones obligatorias del impacto sobre los derechos fundamentales.
Además, los consumidores tendrán derecho a presentar denuncias sobre los sistemas de IA que afecten a sus derechos.
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Para apoyar la innovación y a las empresas más pequeñas, el acuerdo promueve el establecimiento de “sandboxes” regulatorios por parte de las autoridades nacionales. El incumplimiento de las nuevas normas podría acarrear multas sustanciales.
Según el informe, estas pueden oscilar entre 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial y 7,5 millones de euros o el 1,5% de la facturación. Esto depende de la naturaleza de la infracción y del tamaño de la empresa.
El proyecto de ley acordado pasará ahora a su adopción formal por el Parlamento y el Consejo para convertirse en legislación de la UE. Esto supone un paso importante hacia la definición del desarrollo responsable de la IA a escala mundial.
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