El caso judicial entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y Ripple Labs puede estar llegando a su fin.
El telón podría caer pronto sobre un caso que ha captado el interés de la industria de las criptomonedas durante casi dos años.
El domingo 18 de septiembre de 2022, el abogado defensor de Ripple, James K. Filan, tuiteó que Ripple Labs, el actual CEO, Brad Garlinghouse, y el ex CEO, Christian Larsen, habían presentado una moción anticipada de juicio sumario.
Un juicio sumario puede ocurrir cuando las partes que presentan la moción pueden demostrar que no existen disputas de hecho genuinas.
Una de las áreas críticas de disputa afirmada por los demandados es que la SEC no tiene jurisdicción sobre las transacciones extranjeras que involucran XRP, la moneda nativa de Ripple Lab, ya que las transacciones ocurrieron en los exchanges extranjeros Binance, Bitfinex, Bitforex, Bithumb, Bitlish, BitMart, Bitruem, y Huobi, entre otros.
La SEC demandó a Ripple Labs, a su ex director ejecutivo Christian Larsen y al actual CEO Brad Garlinghouse por aparentemente recaudar 1,3 mil millones de dólares a través de ventas de valores no registrados y este último por obtener personalmente cientos de dólares en ganancias. La demanda se presentó en diciembre de 2020.
No es un contrato de inversión, argumenta Ripple
Los demandados afirman que la SEC no puede probar que la transferencia de XRP implica un “contrato de inversión”, un componente crítico necesario para calificar un activo como valor bajo la llamada Test de Howey.
“No puede existir un ‘contrato de inversión’ si no existe un ‘contrato’ con las características de una inversión. Tampoco puede haber un ‘contrato de inversión’ a menos que el contrato incluya un compromiso de obligaciones posteriores a la venta por parte del promotor al inversor. De lo contrario, el contrato es simplemente una venta de activos”.
Asimismo, los demandados afirman que no puede existir un ‘contrato de inversión’ a menos que el inversor adquiera un derecho contractual para exigir y recibir parte de los beneficios generados por las actividades del promotor.
La SEC no ha podido probar que exista un contrato de inversión sin estos componentes, de ahí la moción de los demandados de solicitar un juicio sumario.
Anteriormente en el caso, para respaldar el argumento de que Ripple no era un security, la compañía y Larsen y Garlinghouse buscaron aprovechar una declaración hecha por el alto funcionario William Hinman en 2018.
En la declaración, Hinman declaró que no creía en Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, era un security.
¿Podría haber una victoria para la industria de las criptomonedas?
Si el tribunal ejecuta un juicio sumario, el caso podría resultar crítico para determinar qué criptomonedas son securities que se encuentran bajo la jurisdicción de la SEC.
Una declaración reciente de la Casa Blanca sobre la regulación de cripto ha sido criticada por no proporcionar pautas claras para determinar si ciertos criptoactivos son securities. El testimonio reciente del presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que la “gran mayoría” de los criptoactivos son securities.
“Tratar de exprimir los activos digitales, que son más parecidos a las materias primas que a los valores, en un marco regulatorio de valores simplemente no funciona”, dijo Stu Alderoty, uno de los abogados de Ripple:
“No todos los caminos conducen a la SEC porque la SEC no tiene un marco regulatorio racional”.
XRP se cotiza a 0.379 dólares en el momento de escribir este artículo, según CoinMarketCap.
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