Durante años, las criptomonedas han sido presentadas como la solución a múltiples problemas del sistema financiero tradicional. Sin embargo, su integración en procesos judiciales está lejos de ser infalible.
Un reciente caso en Marbella lo demuestra con crudeza: un secretario judicial de sustitución, sin plaza fija, logró apropiarse de casi 19 millones de euros en activos digitales intervenidos por la Justicia. La historia, digna de una novela de intriga institucional, comenzó con una operación que parecía ejemplar.
El robo de criptomonedas en el juzgado de Marbella: una traición desde dentro
La Policía Nacional incautó en septiembre pasado criptoactivos valorados inicialmente en 17 millones de euros, procedentes de fraudes tecnológicos. Fue la denominada ‘operación Geld’, la mayor incautación de este tipo en Europa.
Todo parecía ir sobre ruedas hasta que, en enero, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) intentó convertir las criptomonedas a euros. Fue entonces cuando descubrieron que las carteras estaban vacías. El dinero había desaparecido, y no por un fallo técnico.
La investigación, mantenida en secreto absoluto para evitar alertar al responsable, se centró en quienes tuvieron acceso directo a las claves.
El seguimiento de la cadena de custodia fue exhaustivo: policías, funcionarios del juzgado, empleados de la ORGA e incluso personal de la empresa de transportes judicial. Finalmente, las sospechas recayeron sobre el Letrado de la Administración de Justicia que ejercía como sustituto y era, además, el ‘número dos’ del juzgado instructor.
Cómo se robó casi 19 millones en criptomonedas desde un juzgado de Marbella
El detenido no solo tenía acceso a las claves, sino también conocimiento técnico para operar con criptoactivos. De hecho, se definía como inversor en criptomonedas y había adquirido un sistema de almacenamiento seguro para claves digitales. Las pruebas fueron contundentes: durante un registro, la Policía halló las claves privadas con las que se había transferido el dinero robado. El letrado, acorralado por la evidencia, confesó.
Afortunadamente, los activos han sido recuperados en su totalidad. Pero el caso deja varias lecciones. La primera, que los sistemas de custodia actuales no están preparados para gestionar activos digitales en entornos judiciales. La segunda, que la falta de formación y supervisión técnica puede abrir la puerta a vulnerabilidades internas graves. Y la tercera, quizás la más inquietante: el enemigo puede estar dentro.
Este episodio, aunque resuelto con éxito, deja al descubierto los vacíos operativos del sistema judicial en su adaptación a la economía digital. Las criptomonedas no son solo herramientas financieras; también son objetos de valor que exigen protocolos de seguridad específicos. Que un sustituto, sin plaza fija ni supervisión especializada, pudiera perpetrar un robo de esta magnitud desde dentro del aparato judicial es un llamado de atención para todas las instituciones implicadas.
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