El gobierno de España es uno de los países europeos con más adopción de Bitcoin y otras criptomonedas, así mismo la Hacienda española es uno de los organismos mas activos respecto a la regulación sobre las criptomonedas. ¿Es la ley 11/21 contra el fraude fiscal perjudicial para la industria como para los inversores de cripto?
El 9 de julio, el gobierno español publicaba en la Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado (BOE) el documento conteniendo la nueva ley contra el fraude fiscal. La ley denominada ley 11/21, con la referencia BOE-A-2021-11473, afecta sobre la declaración que deben hacer los inversores ante la Hacienda como también presenta unas obligaciones que deben de contraer algunas empresas que trabajan con criptomonedas.
El documento es extenso, constando de 93 páginas. Gracias a la insistencia de algunas personalidades con conocimiento técnico que interactúan con la industria cripto se ha podido condensar. En este caso, la abogada Cris Carracosa, abogada y profesora de EU blockchain, aportó diversos comentarios al respecto en el cual hubo una gran participación, aunque de manera concluyente, el economista tributario y contable Juan Antonio Bravo compartió sus conocimientos técnicos para evitar que se difundan confusiones respecto la nueva ley 11/21 y sus efectos sobre los entes que interactúan con las criptomonedas.
Las empresas de custodia de criptomonedas tendrán que declarar la identificación como los saldos de sus clientes
Esta ley modifica la DA 13ª de la LIRPF, con ello “añade una obligación para las personas y entidades residentes en España y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que proporcionen servicios de salvaguarda de claves criptográficas privadas en nombre de terceros“, esto provoca que participantes del ecosistema cripto estén obligados a “suministrar a la administración información sobre los criptoactivos que custodien”.
Sobre este punto, Bravo detalló que concretamente obligará a aportar:
“Información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos”.
Este cambio también afecta a “personas y entidades residentes en España y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que proporcionen servicios de cambio entre criptoactivos y dinero de curso legal“, en una clara alusión a exchange de criptomonedas y también posiblemente a capital proveniente de El Salvador, donde BTC es dinero de curso legal desde que Nayib Bukele aprobase la ley Bitcoin.
Las empresas como inversores particulares estarán “obligados a comunicar a la Administración Tributaria las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien”.
La Ley 11/21 obliga a presentar: “la relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y NIF, clase y número de criptoactivos, así como precio y fecha de la operación”.
Bravo señaló que la Ley 11/21 le queda por determinar parámetros como el importe a partir del cual se informa, así como el modelo, período de tiempo y forma en el que se deberá remitir dicha información.
La obligación de declarar a la Hacienda las criptomonedas que se posee
La nueva ley contra el fraude fiscal de España añade “la obligación para personas físicas y jurídicas de informar sobre los criptoactivos situadas en el extranjero de los que se sean titulares, o tengan la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición”. Ante esto, Bravó resumió:
“Básicamente, lo que se hace es añadir los criptoactivos dentro de los bienes de los cuales se ha de informar en la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en el extranjero (modelo 720), y se calca el mismo régimen de sanciones existente.”
Las medidas sancionadoras podrían ser anulados por el tribunal de justicia europea
El gobierno ha estado activamente promoviendo medidas para regularizar las criptomonedas y su relación con el fisco así como medidas de mayor control sobre la actividad económica.
La Comisión Europea ha llegado a cuestionar la legalidad de las sanciones presentadas y ya tumbó algunas medidas como las de Montoro con el modelo 720. Bravo señaló que es posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) frene esta ley debido a su desproporción contra el contribuyente, vaticinando que esta ley no llegue a prosperar.
El TJUE ya ha anulado algunas leyes españolas, como la sonada ley para eliminar el efectivo en España promulgada por el presidente Sanchez. Esta obtuvo una fuerte reacción de expertos como el de la Unión Europea, que selló la ley de manera contundente y rápida. Habrá que esperar a ver si la Ley11/21 tiene la misma reacción o no.
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