Carlos Aránguez, abogado defensor de las víctimas involucradas en el caso de Arbistar, ofreció declaraciones exclusivas a un medio español. En las mismas, Aránguez esclareció la magnitud del desastre ocasionado por la caída del presunto esquema piramidal, al que catalogó como la “mayor estafa informática” de España.
La defensa de Carlos Aránguez representa a 130 personas afectadas por la caída de Arbistar, que en conjunto reclaman pérdidas de aproximadamente 4 millones de euros. Sin embargo, según las declaraciones del medio entrevistador, la cifra general de afectados asciende a 32.000 familias con al menos 93,4 millones de euros en pérdidas.
Arbistar es definida como la mayor estafa de España
Para el medio elDiario.es, Aránguez detalló inicialmente que Arbistar se promocionó como una empresa de “tráeme amigos, conocidos y familiares y yo te premio”, y la catalogó de manera certera como “un esquema Ponzi”.
En la misma línea, después de que se le consultara la cantidad de dinero en peligro por el presunto estrago de su falla técnica, Aránguez señaló que la cifra de 32.000 afectados por Arbistar es clara, destacando que si nada más sus 130 clientes han perdido 4 millones de euros, “el volumen global es impresionante”.
“Estamos ante la mayor estafa informática de nuestro país. Ninguna había alcanzado este volumen”.
Aseguró Carlos Aránguez al medio español.
La organización Arbicorp ya cuenta con cuatro demandas colectivas
Según Aránguez, Arbistar ya tiene encima 4 demandas colectivas actualmente activas. La que él representa, acusa a la organización y a su CEO, Santiago Fuentes, de estafa agravada por delito de blanqueo contra la hacienda pública y por organización criminal.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona ya tiene el caso en sus manos, pero el abogado insiste en que por su gran impacto, es de total importancia que la acusación por estafa hacia Arbistar pase hacia la Audiencia Nacional.
“Este caso requiere una atención especializada que solamente presta un órgano tan particular como la Audiencia Nacional de Madrid”.
Señaló el abogado Carlos Aránguez.
Entre los señalamientos de la denuncia, Aránguez y sus 130 clientes imploran prisión preventiva para los directivos de la organización, encabezados por el CEO de Arbistar, Santiago Fuentes; y detalló su inquietud ante la aparente lentitud de la respuesta desde los entes regulatorios en frente de lo que él llama la mayor estafa informática de España.
Ante la posibilidad de que el juez dude sobre los afectados por su poco conocimiento sobre el funcionamiento de Arbistar, Aránguez respondió que no cree que vaya a ser relevante, ya que según su criterio las personas fueron estafadas “porque simplemente no se ha realizado la operación para la cual se depositaron los bitcoin”.
El abogado alegó que Arbistar se mostraba como una plataforma de arbitraje de criptomonedas, incitando cada vez más a sus incautos usuarios a invertir más dinero, pero para éstos últimos, los pagos no eran distribuidos con las ganancias de dicha práctica lucrativa.
Su ojo profesional asegura que Arbistar se estaba sosteniendo sin beneficios reales por arbitraje, y sólo pagaba las “ganancias” a sus clientes con el dinero de los nuevos miembros de la pirámide.
Arbistar detuvo sus liquidaciones, mientras el CEO y su abogado evaden las respuestas
Se mencionó en la entrevista las excusas de Arbistar y sus directivos al momento de asegurar pagos y recompensaciones a sus usuarios, tal y como informó previamente BeInCrypto. La situación actual reside en la detención de las liquidaciones propuestas por la organización para aliviar la presunta caída del bot de Arbitraje, cuyas pérdidas, según el mismísimo Santiago Fuentes, ascienden a 10.000 BTC.
Por otro lado, Carlos Aránguez aseguró no haber tenido respuesta del abogado de Santiago Fuentes después de haberlos contactado por burofax y por llamada telefónica. Tal y como las “excusas peregrinas” de Arbistar, detalló que:
“Lo que hacen es ganar tiempo en una situación de inmerecida libertad, de la que goza a pesar de haber estafado cientos de millones de euros a más de 32.000 personas”.
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