El reciente Decreto Supremo 5384, emitido por el Gobierno de Bolivia para establecer un marco normativo sobre las empresas de tecnología financiera, ha sido recibido con matices por parte de una de las figuras políticas más activas en la defensa del ecosistema cripto en el país.
La diputada Mariela Baldivieso, reconocida por su labor de promoción del uso de blockchain y criptomonedas en el ámbito público y privado, ha señalado que, si bien la norma implica un paso importante hacia el reconocimiento institucional de estas tecnologías, también podría tener consecuencias no deseadas si se convierte en un mecanismo de sobrerregulación.
Regulación FinTech y criptomonedas: entre el reconocimiento y el riesgo de sobrerregulación
Baldivieso considera que esta legislación representa una validación del ecosistema FinTech en Bolivia, al aceptar formalmente su presencia y funcionamiento. No obstante, advirtió que imponer requisitos demasiado restrictivos, como la obligación de establecer domicilio legal en el país, registrarse ante autoridades locales y obtener un NIT, podría alejar a plataformas internacionales como Binance, del mismo modo que ocurrió con PayPal.
Para la diputada, esto no solo limita las opciones disponibles para los usuarios, sino que también ahoga el desarrollo de un sector emergente con gran potencial de innovación.
El decreto, presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el pasado 7 de mayo, fue justificado como una medida para brindar mayor seguridad a los usuarios ante el riesgo de operar con plataformas extranjeras que no están sujetas a supervisión nacional. Según Montenegro, uno de los objetivos es establecer una línea de responsabilidad clara: “Si se hace una operación en una plataforma como Binance, y en algún momento esa plataforma por alguna situación no puede funcionar en Bolivia, ¿a quién reclamas?”, cuestionó.
Criptomonedas en Bolivia: ¿una regulación necesaria o un freno al ecosistema FinTech?
Sin embargo, la diputada Baldivieso recuerda que ya existen marcos regulatorios internacionales sólidos, y que la protección al usuario no debe convertirse en un freno al desarrollo tecnológico. En este sentido, propone que se trabaje en mecanismos de educación y autogestión de riesgos. Destaca, por ejemplo, el uso de soluciones como las billeteras frías o cold wallets, dispositivos físicos que permiten almacenar activos digitales de forma segura sin conexión a internet.
Baldivieso, quien ha impulsado el Proyecto de Ley para la Adopción de Criptoactivos y Blockchain en la Gestión Pública, mantiene una postura activa en redes sociales y medios para fomentar el debate sobre estas tecnologías. Recientemente, reiteró su visión sobre la capacidad del blockchain para transformar la economía y aumentar la inclusión financiera en Bolivia. En sus palabras, la clave es evitar que la regulación se convierta en una barrera:
“Es emocionante ver cómo la tecnología puede unir al mundo. Las criptomonedas y blockchain son herramientas poderosas para este cambio”.
Mientras se espera la presentación del reglamento de aplicación por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el país se enfrenta a una disyuntiva delicada: cómo regular sin reprimir, cómo proteger sin ahogar, y cómo construir un ecosistema local sin cerrar la puerta al talento y la innovación global. La respuesta a estos desafíos marcará el futuro de la economía digital en Bolivia.
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