La congresista demócrata Nydia Velázquez ha propuesto una legislación que pondría fin a las exenciones impositivas que actualmente benefician a inversionistas cripto establecidos en Puerto Rico.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Alexandria Ocasio-Cortez y Delia Ramírez, y apunta directamente al uso del territorio como un “paraíso fiscal” dentro del sistema norteamericano.
Demócratas proponen eliminar beneficios fiscales a criptoinversores en Puerto Rico
Puerto Rico es un refugio fiscal para emprendedores y entusiastas de las criptomonedas debido a las ventajas tributarias que ofrecen las leyes locales y federales.
Bajo el Act 60 (antes Act 20/22), los residentes individuales cualificados pueden evitar el pago de impuestos federales sobre ganancias de capital. Algo que en el resto del país puede representar una carga de hasta el 37%.
Pero este régimen especial es blanco de críticas por generar una burbuja de exclusividad. Misma que poco aporta al desarrollo económico de la isla. Desde sectores progresistas del Congreso, el argumento es claro. Los beneficios fiscales son explotados por individuos de altos ingresos sin una contribución real al bienestar de la población local.
“No podemos permitir que Puerto Rico sea utilizado como refugio para quienes quieren evadir responsabilidades fiscales”. Argumentó Velázquez durante la presentación del proyecto de ley.
La propuesta llega en un momento de creciente politización del ecosistema cripto. Mientras sectores republicanos, encabezados por figuras como Donald Trump, promueven políticas más amigables hacia los activos digitales, el ala progresista demócrata endurece su postura, especialmente en torno al uso de herramientas financieras complejas para evitar impuestos.
Puerto Rico podría dejar de ser un paraíso fiscal para criptoinversores si prospera ley de los demócratas
De hecho, la propia Velázquez ha insistido en que el enfoque debe ser la equidad fiscal: “Si los ciudadanos comunes pagan sus impuestos, también deben hacerlo los millonarios que operan con criptomonedas”.
La situación en Puerto Rico es objeto de investigaciones y debates tanto en medios como en espacios académicos. Si bien defensores del Act 60 aseguran que trae inversión, innovación y empleos a la isla, múltiples reportes indican que el impacto es limitado. Además que, en muchos casos, los nuevos residentes ni siquiera generan actividad económica local significativa.
En ese contexto, la legislación propuesta también podría tener repercusiones sobre otros sectores que se benefician de tratamientos especiales en Puerto Rico, como los fondos de inversión o empresas tecnológicas.
La iniciativa aún debe atravesar el proceso legislativo en Washington, lo cual se presenta como un desafío en un Congreso fragmentado. No obstante, sienta un precedente sobre cómo podría evolucionar la regulación fiscal en torno al mundo cripto, sobre todo si los demócratas mantienen o amplían su control en futuras elecciones.
Mientras tanto, el ecosistema cripto observa con atención. Puerto Rico se ha convertido en una especie de experimento fiscal en la era digital, y cualquier cambio en su régimen tributario podría reconfigurar las estrategias de quienes buscan aprovechar sus ventajas. El debate promete continuar, con profundas implicancias tanto para la isla como para el resto del país.
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