El pasado 6 de septiembre de 2024, en el estado Guárico, Venezuela, se llevó a cabo un operativo por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) junto a funcionarios del Ministerio Público.
El allanamiento, autorizado por el Tribunal 3ero de Control de San Juan de los Morros, culminó con la confiscación de 35 máquinas de minería de criptomonedas. A ello se le sumaron, 30 extractores, varios ventiladores industriales y dos vehículos, uno de marca Chevrolet y otro Jeep. La razón detrás de esta intervención fue la falta de permisos y licencias que amparen la operación de esta granja de minería de Bitcoin.
Allanamiento de granja de minería en Venezuela y la ausencia de regulación de Bitcoin
En Venezuela, las actividades de minería de criptomonedas están reguladas bajo un marco legal estricto. Quienes se dedican a esta actividad deben estar registrados en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y contar con las autorizaciones necesarias.
No obstante, desde que la Sunacrip fuera suspendida en 2023 por su implicación en un esquema de corrupción relacionado con PDVSA. Desde entonces, la industria cripto en el país ha quedado en un limbo regulatorio.
Las empresas y particulares que se dedicaban a la minería de Bitcoin argumentan que ya no cuentan con la claridad necesaria para continuar sus operaciones de forma legal. Esto ha ocasionado una serie de intervenciones como la ocurrida en Guárico.
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El alto consumo energético de las máquinas minadoras de Bitcoin, conocidas como ASIC, ha sido uno de los puntos críticos en esta situación. Venezuela lleva años atravesando una crisis energética, con apagones frecuentes que afectan a la población.
Según el gobierno de Nicolás Maduro, las granjas de minería que utilizan equipos de alto consumo agravan la situación al sobrecargar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Por esta razón, se han implementado medidas para desconectar a estas granjas del SEN. Esto con el objetivo de asegurar un suministro eléctrico más estable para el resto de los ciudadanos.
Sin embargo, la desconexión de estas instalaciones y la falta de una normativa clara desde la disolución de la Sunacrip han generado incertidumbre en el sector.
La falta de regulación y el allanamiento de granja de minería de Bitcoin en Venezuela
Muchos mineros que podrían operar sin necesidad de estar conectados al SEN no cuentan con la seguridad de estar trabajando dentro de un marco legal, lo que los deja expuestos a sanciones. Este vacío normativo ha frenado la evolución de la industria cripto en Venezuela. Industria que, a pesar de su potencial, se ve limitada por la falta de definiciones claras sobre su regulación.
Recientemente, el presidente Maduro mencionó en un encuentro con el sector bancario que las criptomonedas volverán a ser una prioridad en su agenda política. Sin embargo, no dio detalles sobre el posible restablecimiento de la Sunacrip ni sobre las condiciones en las que se reanudarán las operaciones mineras en el país.
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Mientras tanto, los mineros de Bitcoin permanecen en la incertidumbre, sin una guía clara sobre cómo proceder. En otros países de la región, como Paraguay, también se han presentado situaciones similares.
El gobierno ha estado interviniendo en las granjas de minería y confiscando equipos. Tanto en Venezuela como en Paraguay, el argumento principal sigue siendo la protección del sistema eléctrico, aunque la falta de regulaciones claras persiste.
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