Legisladores de Australia rechazaron la propuesta de ley presentada para brindar un marco regulatorio a las criptomonedas. El Comité de Legislación Económica del Senado se mostró en desacuerdo con la iniciativa impulsada por el senador opositor Andrew Bragg. La propuesta titulada “Proyecto de ley (regulación del mercado) de activos digitales de 2023” cosechó cuestionamientos tales como faltante de detalles y certezas.
El representante de Nueva Gales del Sur se mostró en contra de la respuesta recibida y aseguró que la legislación cripto “se ha puesto por el carril lento”. Bragg presentó la iniciativa, ahora desestimada, en el mes de marzo. En esa ocasión comentó que el texto perseguía el objetivo de “proteger a los consumidores y promover a los inversores”.
Australia se encuentra al tope en adopción de criptomonedas
El proyecto avanzaba sobre acciones reguladoras para las stablecoins, la entrega de licencias a los exchanges y los requisitos de custodia.
Un dato que corrobora la importancia del universo cripto en Australia es el que indica que allí se encuentra el mayor grado de adopción a nivel mundial. La información surge de una investigación publicada en el mes de junio, acerca de tendencias globales.
La tasa de adopción de las criptomonedas entre la población de Australia ha crecido exponencialmente desde 2020, pasando del 8% al 18%, según el informe HedgewithCrypto. Los apuntes confirman con claridad que los australianos tienen un interés en pleno crecimiento acerca de las criptomonedas. Este último detalle corroborado a partir de un análisis sobre su actividad de búsqueda en línea.
De hecho, las búsquedas relacionadas con las criptomonedas han aumentado al punto de alcanzar las 312 mensuales, por cada 100,000 australianos en 2022. Australia supera a Estados Unidos, que a lo largo de este año ha tenido que vérselas con complicaciones regulatorias de la SEC para reclamar el primer puesto.
El comité, aún con esa motivación ciudadana en franco desarrollo, aseguró que al proyecto de ley le faltaban pormenores que consideraba importantes. La propuesta “no era congruente con los regímenes internacionales” y generaba “preocupación por el arbitraje regulatorio y los resultados adversos para la industria”.
Bragg presentó su propuesta regulatoria de ley el 28 de marzo. Al hacerlo, escribió en la plataforma X:
“Hoy presentaré un proyecto de ley para regular los activos digitales en Australia. El Gobierno Laborista no ha actuado”.
Otra propuesta que tampoco prosperó en Australia
Durante el pasado mes de febrero, el primer ministro Anthony Albanese puso en consideración un documento de consulta de mapeo de tokens a través del Tesoro. Se especulaba con que trasladaría un documento de consulta separado. En ese apartado de presentarla un marco de licencia y custodia para los proveedores de servicios de criptomonedas a mediados de 2023, pero eso aún no ha sucedido.
El presidente de Blockchain Australia y abogado de activos digitales, Michael Bacina, reprochó la lentitud del proceso:
“Se esperaba que el Comité del Senado informara sobre este proyecto de ley hace más de un mes y la industria ha estado esperando con impaciencia la consulta del Tesoro sobre la custodia de criptomonedas y las licencias. Esa consulta debería poder basarse en las presentaciones de la industria publicadas como parte de la revisión de este proyecto de ley por el Comité del Senado”.
Vale recordar que en una reciente implementación piloto de moneda digital del banco central (CBDC), el Banco de la Reserva de Australia pudo dar con áreas clave en las que el dinero tokenizado podría resultar beneficioso para las empresas y los hogares. En lugar de probar la tecnología, el proyecto analizo cómo un CBDC podría respaldar las stablecoins y ser empleado para liquidar transacciones automatizadas.
El trabajo pudo determinar que los smart contracts podrían ejecutar pagos de varias partes o varias etapas automáticamente en función de condiciones predefinidas. Los contratos inteligentes podrían incorporar una lógica empresarial para pagar facturas, micropagos y subvenciones por discapacidad.
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