El Banco Central del Uruguay (BCU) ratificó en el Parlamento que durante 2022 presentará al Poder Ejecutivo un proyecto para regular al menos parte del mercado de activos virtuales, forma que el regulador local utiliza para referirse a los criptoactivos. La idea en principio será establecer atribuciones sobre actores vinculados al sector financiero que trabajen con estos instrumentos.
El pasado 31 de marzo parte de la cúpula de la entidad se presentó ante la Comisión Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. El superintendente de Servicios Financieros del BCU, Juan Pedro Cantera, resaltó los objetivos para este año.
El jueves pasado, en un foro empresarial realizado en Punta del Este, el Presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la regulación del mercado cripto en Uruguay.
“Tendría que escarbar un poco más quien maneja el blockchain en una criptomoneda. Me parece muy lindo como sueño, ahora cuando un gobierno se embarca en eso tiene que haber una regulación. Porque tenés que responder. Una cosa es que empiece a haber una especulación y otra es cuando lo internalizas en una economía local y lo pones en una pizarra. Ahí ya el Estado asume una responsabilidad sobre la circulación de una moneda que desconocemos cada uno de sus creadores y cómo funciona realmente el sistema”.
Bitcoin y Ethereum afuera
El Banco Central uruguayo entiende que, si bien son un método de intercambio, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) se utilizan de forma similar al trueque o pago en especies.
De todos modos, sí serán regulados en caso de inversiones que utilicen instrumentos financieros tradicionales. Allí la regulación no sería sobre el “activo virtual de intercambio”, sino sobre el instrumento financiero, detallaron desde la entidad.
El BCU fijó el 31 de marzo como fecha límite, para que tanto operadores del sector privado como entidades públicas, realicen sus sugerencias sobre la regulación.
La hoja de ruta
La máxima entidad monetaria emitió un comunicado en el que brinda definiciones y establece nociones básicas para la regulación. En líneas generales, no se plantea una legislación estricta para su uso como método de pago o intercambio, pero sí como activo de inversión.
El documento tiene como finalidad compartir los resultados de la investigación del Grupo de Trabajo interno sobre Activos Virtuales. Se trata de un equipo conformado por la entidad especialmente para analizar la regulación de estos activos.
El siguiente paso del BCU será trabajar en un proyecto de ley para legislar sobre este tema.
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