Este 12 de enero se informó vía la cuenta de Instagram de Policarabobo sobre la detención de un ciudadano venezolano bajo los cargos de “Delitos informáticos” por la posesión y funcionamiento de un total de 37 equipos de minería ASIC.
A pesar de las regulaciones existentes en el sector de la minería de criptomonedas dentro de Venezuela, las detenciones para aquellos que se dedican a esta actividad siguen sucediendo. En esta oportunidad, un minero de 53 años fue detenido por la policía estatal de Carabobo, al norte del país sudamericano.
Según relatan los oficiales policiales en redes sociales, el apresado fue visto de “forma sospechosa” en una parcela de terreno por funcionarios que se encontraban haciendo revisiones en el sector, lo que llevó a que los policías terminaran entrando y revisando el espacio.
Posteriormente detallan que en la parcela de terreno se encontraba un contenedor del que mencionan “se escuchaba un fuerte ruido poco común”, por lo que procedieron a revisarlo donde se encontraron con “37 máquinas de las reconocidas Bitcoin encendidas sin permisología”, según lo que relata el cuerpo policial en redes sociales.
Ante tal descubrimiento, los funcionarios policiales procedieron a incautar las 37 máquinas ASIC, así como también incautaron una camioneta y un CPU. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para que se lleve con los fiscales el debido proceso por la acusación de los “Delitos informáticos”.
Un rápido vistazo a la legalidad de la minería en Venezuela
Más allá de presentar la detención del minero venezolano aún no identificado públicamente, es pertinente evaluar la legalidad de las actuaciones de los funcionarios bajo la luz de las regulaciones a la minería de criptomonedas que rigen en Venezuela.
Bajo la óptica del Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, publicado en Gaceta Oficial No. 41.575 el 30 de enero de 2019, se desprende el “Capítulo IV Procedimiento de Inspección y Fiscalización” en donde se aclara el procedimiento a llevar a cabo para con los mineros venezolanos.
En el artículo 34 se establece que será la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) el ente encargado de hacer las inspecciones, mientras que el artículo 35 detalla que de su actuación se debe levantar un acta en donde se deberá detallar cuales fueron sus acciones en la inspección.
Así mismo, en el caso de que se presente la necesidad de tomar alguna medida por el incumplimiento de la normativa propia de la minería de criptomonedas, la SUNACRIP podrá tomar medidas de decomiso de los equipos y suspensión de licencias permisos o autorizaciones.
La privativa de libertad o detención de los mineros no se encuentra previsto en el cuerpo legal. Así mismo, se determina que los equipos decomisados estarán en custodia de la SUNACRIP.
Según lo visto en la normativa legal aplicable a la minería digital en el país sudamericano, el procedimiento llevado a cabo por los funcionarios policiales dista de lo respectivamente aplicable para el caso, agregando que el supuesto “Delito informático” imputado al minero no se encuentra dentro de lo mencionado en los cuerpos legales del sector.
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