La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la oposición política del país, acusó públicamente al presidente, Daniel Ortega, ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), por utilizar las recomendaciones del organismo contra el lavado de dinero, a modo y para perseguir a opositores políticos. El mandatario estaría controlando las transacciones virtuales.
La oposición política de Nicaragua acusó a Daniel Ortega por usar la ley contra el lavado de dinero en contra de opositores y disidentes. La CDN sostuvo que el mandatario “pervirtió” los instrumentos de control de la Interpol y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Oposición de Nicaragua alerta vigilancia excesiva de las criptomonedas
La CDN escribió una carta a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde detalló que el presidente de Nicaragua vigila las transacciones virtuales desde los 1,000 dólares. Acusó que el mandatario busca controlar cualquier transferencia virtual, bancarias, smart contracts, criptomonedas, e incluso monederos con cualquier tipo de activos virtuales.
“Al realizarse el estudio del equipo técnico del Artículo IV sobre Nicaragua en Washington, deseamos enfatizar que el supuesto propósito de forzar a Daniel Ortega a cumplir con las leyes y no solo publicar leyes y reglamentos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, servirán principalmente para perseguir a la oposición nicaragüense pervirtiendo los instrumentos de control tanto de la Interpol como de la GAFI”, según la CDN.
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La oposición ahondó que el mandatario vigila cualquier transacción que considere inusual o sospechosa, tomando de pretexto la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y que los proveedores están obligados a identificar operaciones sospechosas que se realicen en el país. Por ello, criticó la misión técnica del FMI por excluir el tema de los derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega.
“Consideramos adicionalmente que el objetivo del memorándum de la misión podría resultar contraproducente”, según la acusación.
El año pasado, el organismo de control global contra el lavado de dinero, GAFI, pidió una mayor adopción de la Regla de viaje del proveedor de servicios de activos virtuales para frenar el flujo de fondos ilícitos que utilizan criptomonedas. Desde 2019, GAFI modificó la regla de viaje para obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales a recopilar y compartir datos sobre el origen y el destino de las transferencias de activos digitales de más de 1,000 dólares.
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Estados Unidos, cuyo umbral es de 3,000 dólares, necesitaba cambios mínimos para adaptarse a las enmiendas a la Regla de viaje de 2019 del GAFI, ya que la mayoría de los requisitos ya estaban codificados en la Ley de secreto bancario de la nación.
Además, las empresas cripto que cumplen con las nuevas pautas del GAFI deben desarrollar formas seguras de compartir información de contrapartes al mismo tiempo que garantizan la privacidad .
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