Muere hacker venezolano, Juan Almeida, involucrado en un caso de corrupción de la petrolera PDVSA con criptomonedas, bajo custodia del régimen de Maduro.
Su muerte se suma a la de Leoner Azuaje, quien supuestamente se suicidó el 20 de abril. Almeida, conocido como el “hacker” de Tareck El Aissami, exmiembro del gobierno chavista, fue arrestado por su participación en la trama de corrupción que afecta a la estatal petrolera venezolana.
Muere hacker Venezolano involucrado en PDVSA
Según el fiscal general del régimen chavista, Almeida padecía una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática y se encontraba en su residencia bajo arresto domiciliario por razones humanitarias al momento de su fallecimiento.
Almeida, junto con sus hermanos, era señalado como operador tecnológico en la trama de corrupción denominada “PDVSA-Cripto”.
La información la dio a conocer el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, quien expresó en Twitter lo siguiente:
“El ministerio público informa el fallecimiento del ciudadano Juan Almeida quien sufría -desde hace tiempo- de una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática: al momento de su deceso, se encontraba en su residencia: luego de serle otorgada la medida humanitaria de arresto domiciliario, en razón de ser uno de los investigados por la trama PDVSA/Cripto.”
Su muerte se suma a una serie de controversias y acusaciones de tortura por parte de las autoridades venezolanas en relación con los detenidos en este caso de corrupción en PDVSA.
Continúa la polémica por PDVSA-Cripto: Las criptomonedas están más que involucradas
El caso de corrupción en la petrolera PDVSA, conocido como “PDVSA-Cripto”, ha generado una gran conmoción en Venezuela. Este escándalo involucra una trama de corrupción masiva en la estatal petrolera, donde altos funcionarios y empresarios aprovecharon su posición para desviar miles de millones de dólares a través de operaciones fraudulentas.
Uno de los principales aspectos destacados en este caso es el papel que jugaron las criptomonedas. Según las investigaciones, se utilizaron las criptodivisas como una herramienta para eludir las sanciones internacionales impuestas a Venezuela y facilitar el lavado de dinero.
Se cree que estas transacciones ilegales con criptomonedas permitieron a los implicados en el caso ocultar sus ganancias ilícitas y mover fondos de manera clandestina.
En particular, se menciona que Juan Almeida, también conocido como “N33” o el “hacker” de Tareck El Aissami, desempeñó un papel clave en esta trama. Se le atribuye la capacidad de ingresar, boicotear y clonar redes sociales, especialmente de aquellos a quienes El Aissami quería espiar o mantener bajo vigilancia.
Además de sus habilidades informáticas, se le acusa de estar involucrado en transacciones fraudulentas con criptomonedas para beneficio propio y de otros funcionarios corruptos.
El uso de criptomonedas en casos de corrupción no es algo nuevo. Estos activos digitales, debido a su naturaleza descentralizada y pseudoanónima, a menudo se han utilizado en actividades ilegales y para el lavado de dinero. Su capacidad para facilitar transacciones rápidas y globales sin pasar por los canales bancarios tradicionales las convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan evadir el escrutinio de las autoridades financieras.
Millones de dólares desviados por corrupción a través de operaciones cripto
En el caso de PDVSA, se estima que miles de millones de dólares fueron desviados a través de operaciones con criptomonedas. Estas transacciones implicaban la compra y venta de petróleo utilizando criptodivisas, lo que permitía a los implicados obtener ganancias ilícitas y eludir las restricciones impuestas por las sanciones internacionales.
El caso “PDVSA-Cripto” ha generado una profunda indignación en Venezuela, ya que la corrupción en la estatal petrolera ha llevado al colapso de la industria petrolera del país y ha contribuido a la crisis económica que atraviesa.
Además, ha puesto de relieve la necesidad de una mayor regulación y supervisión en el uso de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Las autoridades venezolanas han prometido llevar a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciar a los responsables de este caso de corrupción. Sin embargo, la falta de transparencia y la opacidad del régimen de Maduro plantean dudas sobre la verdadera rendición de cuentas y justicia en este asunto.
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