Para la Comisión Europea (CE), una de las siete instituciones de la Unión Europea (UE), las empresas que transfieren Bitcoin o cualquier otra criptomoneda deben recopilar detalles de los usuarios para ayudar a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra el dinero sucio.
De acuerdo a lo señalado por Reuters el martes 20 de Julio, la propuesta de los legisladores de la UE representa uno de los últimos esfuerzos para endurecer la regulación del sector cripto.
En este sentido, la ley que propone la CE ante el ejecutivo de la Unión, aplicaría lo que se conoce como “la regla de viaje” a las transacciones con criptomonedas para hacerlas rastreables.
Resulta importante señalar que “la regla”, una de las recomendaciones del organismo de control intergubernamental, ya se aplica a las transferencias electrónicas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Acciones dirigidas contra los monederos anónimos de criptomonedas
De acuerdo a lo señalado anteriormente por la Comisión Europea, una empresa que maneje cripto debe incluir el nombre del cliente, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de cuenta, y el nombre de la persona que recibirá las criptomonedas:
“Las enmiendas de hoy garantizarán la trazabilidad completa de las transferencias de criptomonedas, como Bitcoin, y permitirán la prevención y detección de su posible uso para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo”.
De esta manera, el proveedor de servicios del destinatario también debe verificar si falta alguna de la información requerida.
Al mismo tiempo, la CE apunta a prohibir el suministro de monederos anónimos de criptomonedas, del mismo modo que las cuentas bancarias anónimas “ya están prohibidas según las normas de la UE contra el blanqueo de capitales”:
“Estas propuestas han sido diseñadas para encontrar el equilibrio adecuado entre abordar estas amenazas y cumplir con los estándares internacionales sin crear una carga regulatoria excesiva para la industria”.
Es válido resaltar que los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen la última palabra sobre las propuestas, lo que significa que podrían pasar dos años para que se conviertan en leyes.
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