En el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45 a cargo de Cinthia Oberlander con colaboración de la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a cargo de Horacio Azzolin; el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18, Pablo Ormaechea ordenó la restitución a una víctima de las sumas de distintas clases de criptoactivos de las que había sido desapoderada.
No es ninguna novedad lo que actualmente implica el robo de un celular en la vida personal y patrimonial de un usuario. Más aun cuando cuando dicho usuario aporta claves sensibles mediante un cuidadoso proceso de engaño, del cual puede ser víctima luego del hecho delictivo de desapoderamiento de su herramienta o dispositivo tecnológico.
Independientemente de los cuidados de usabilidad, aprovecho esta muestra para abordar otras cuestiones propias del ecosistema blockchain.
Elementos a tener en cuenta ante una denuncia por el robo de criptomonedas
La entrega en depositario judicial
Quizás sea una de las medidas más idóneas ante la presencia de un activo no regulado del cual se puedan predecir de manera acabada sus cualidades y accidentes; con la contra de que no podría disponerse de los mismos.
Es decir mientras dure esa naturaleza jurídica, previa a la entrega definitiva, esos activos no podrían ser farmeados; puestos en staking; y demás soluciones de finanzas descentralizadas, híbridas o las que prefieran llamar.
Gas de transacción
Mover un criptoactivo de una wallet a otra tiene costos, y varían de acuerdo a la red, motivo por el cual es importante establecer la importancia de operar con wallet con fondos suficientes para pagar esos gas. Pongamos un ejemplo: Si se utiliza una billetera de la red ETH porque los criptoactivos en cuestión operan en dicho ecosistema, es necesario tener ETH disponible para poder moverlos nuevamente aun a la billetera de origen.
Este punto es importante a la hora de hablar y regular acerca de las billeteras propias de los Poderes Judiciales como proyecto, ya que por ejemplo habría que pensar y regular, la conversión de los ingresos en materia de tasas retributivas de servicios para su swap a una cripto estable para a su vez fondear una alt coin que garantice los fondos necesarios para mover “cripto activos” de un lugar a otro en el marco de un proceso penal, civil, o bien la rama del derecho que se encuentre involucrada.
La solución de trabajar con la propia billetera de la víctima es acertada ante la carencia o ausencia de herramientas propias, fundando quizás una regla económica que puede predicarse de la siguiente manera: “pague para recuperar” porque sin gas no hay transacción.
Determinación de billeteras a los fines fiscales
Es fundamental aprovechar esta casuística para que los organismos recaudadores puedan valerse de un dato tan importante. Es decir, la entrega -aun en depositario judicial- debe siempre prever vista a la AFIP, IRS, o quien corresponda, ya que al tener determinados IMPUTADO – VÍCTIMA; ambos hacen conocidas sus billeteras virtuales:
- Primero por cuanto es detectado, descubierto o sorprendido en la maniobra
- Segundo porque debe individualizar su billetera para poder hacer efectiva la reversión de la transacción, quizás a su cuenta y cargo.
Centralización versus Descentralización
La presencia de una empresa prestadora de un servicio para la adquisición de un criptoactivo quizás aporta luz para resolver el caso y lograr identificar un responsable. Ahora bien, en el caso de operar P2P el análisis cambia, al igual que la estrategia de persecución penal.
Recomendaciones básicas de seguridad
El usuario debe saber que ciertos tipos de activos -o mejor dicho criptoactivos- han nacido para acentuar su tráfico con reglas propias, y quizás su manipulación al igual que los activos depositados en un banco, pueden configurar hoy un verdadero acto de imprudencia, más aun, cuando el acceso a los mismos se da mediante un smartphone.
Por ello es común ver que los volúmenes importante, se alojan en dispositivos de almacenamiento en frío con firmware actualizado y con la última tecnología de diseño en materia de ciberseguridad, y sólo los aficionados o tenedores de cantidades menores operan con sus celulares.
Una duda queda latente: para la entrega definitiva, ¿será necesaria una regulación acabada de los activos en cuestión? Me inclino por la necesidad de dicho marco protectorio, en la medida que sea elaborado por los especialistas y no por quienes tienen intereses en juego.
De más está decir que no considero viable ningún tipo de entrega (en depositario judicial o definitivo) sin previo acreditar el origen lícito de dichos fondos.
¡Así se empieza a ponerle el cascabel al gato!
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