La regulación mundial sobre las criptomonedas está cambiando de marcha, acelerando la máquina para que en un futuro próximo exista un marco que los regule. Europa parece haberse convertido en el epicentro mundial de la regulación sobre las criptomonedas con la ley MiCA pero ahora ha surgido nuevas revelaciones de una nueva ley que busque recaudar impuestos de casi todos los productos derivados del ecosistema cripto, incluyendo criptoactivos que estén fuera de Europa.
Una filtración de la regulación UE ha llegado a las manos de CoinDesk, se trata de una nueva proposición de ley para evitar la evasión de impuestos mediante criptomonedas y así ganar en poder de recaudación. Esta nueva ley, aún sin nombre, podría aplicarse a las stablecoins, derivados y los tokens no fungibles (NFT), como sorpresa el documento cita que la ley buscaría forzar la inscripción de proveedores de criptomonedas que operen fuera del territorio europeo.
La preocupación existente de las autoridades europeas del éxodo del dinero se enfocaba en las cuentas bancarias extranjeras que no estaban bajo su jurisdicción. Sin embargo, la inquietud comenzó a virar hacia la posibilidad de que el escape de capital fuese mediante el uso de criptoactivos. Adicionalmente, la situación excepcional de Rusia es citado como ejemplo como cita el documento:
“Los criptoactivos puedan utilizarse como medio para evitar las sanciones”
La intención de la nueva ley es cristalina, obtener mayores ingresos fiscales de las inversiones en criptoactivos, como cita el documento:
La obligación de declarar los ingresos obtenidos a través de las inversiones en criptoactivos y el intercambio de dicha información ayudará a los Estados miembros a recibir un conjunto completo de información para recaudar los ingresos fiscales debidos
¿Qué medidas tomará la nueva ley para recaudar impuestos de las criptomonedas?
Según el plan para implementar dicho control el modus operandi sería mediante los proveedores de criptoactivos, los entes centralizados, los cuales según la nueva ley estarían obligados a recoger y verificar información sobre sus usuarios. Citando que tendrían que recopilar desde nombres, direcciones, números de la seguridad social y fechas de nacimiento, que posteriormente se enviarían a las autoridades fiscales del país de residencia fiscal del usuario.
Estas normas serían algo externo y añadido al marco regulatorio que pretende abarcar la MiCA en todo el territorio de la Unión Europea, añadiendo así a las empresas que ofrecen NFT y a las empresas extranjeras que tienen clientes incidentales dentro del bloque. Esto sorprende, debido que la MiCA tiene otro tratamiento ante Web3 y el sector NFT, por ahora sólo exigía a las empresas de criptomonedas con sede en la UE que se registren y tengan unas normas mínimas de gobernanza.
Generalmente el problema de estas leyes es que una vez escritas hay que imponer de manera eficaz esa red de vigilancia y esto puede ser muy costoso debido a la complejidad del ecosistema cripto. Según el documento filtrado, los costes totales de desarrollo informático para cumplir dicha vigilancia correría a cargo de los proveedores de criptomonedas y de las administraciones fiscales. El documento no sólo cita a entes centralizados, también pretende abarcar “las plataformas descentralizadas”, aunque no especifica cómo podría realizarse.
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