La ONG Bitcoin Argentina solicitó que se realicen modificaciones al proyecto de reforma de la ley de lavado de activos. La propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados de Argentina. Desde la entidad consideran que tal cual está, tendrá un efecto negativo sobre actividades libres, lícitas e inofensivas.
Para la agrupación, se afecta tareas realizadas por muchas personas dentro de un sector pujante de la economía, como lo es la industria cripto.
La organización sin fines de lucro remarca que acompañan el impulso de las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero objetan que los ajustes actuales en la reforma no contemplan las consecuencias negativas dentro de las particularidades que tiene la economía argentina.
En ese sentido, desde la ONG Bitcoin Argentina reclamaron dos modificaciones sobre el proyecto de reforma. Recordemos que es la ley que busca adaptar la normativa nacional a los estándares internacionales para la prevención de lavado de activos.
“Excluir del universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a las personas que realizan la actividad de intercambio de criptoactivos de forma individual o en la modalidad P2P (persona a persona), con liquidación en entidades financieras u otras entidades controladas por la UIF y obligadas a informar.”
Para la ONG, la definición que tiene la normativa de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), sujetos obligados a informar a la UIF, es idéntica a la propuesta por el GAFI en sus “Estándares Internacionales. Por esa razón entienden que se omite realizar un análisis circunstanciado de lo que significa su eventual aplicación en la Argentina.
Y allí van al punto. Aseguran que en Argentina se desarrolló una gran comunidad de individuos y microempresas que realizan servicios de intercambio de criptoactivos. Lo hacen por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos. Operan mediante P2P, o persona a persona. La crítica apunta a que se verán perjudicados.
Más cambios a la ley
Desde la organización pidieron no afectar a servicios minoristas o pequeños consumidores.
“Quienes realizan estas operaciones pueden hacerlo como consumidores finales o como un servicio minorista, con márgenes entre los precios de compra y de venta. Son muy pequeños emprendedores, estudiantes, trabajadores o desempleados que realizan esta actividad como forma de obtener un ingreso complementario. Dada la definición de PSAV que propone hoy la ley, las personas que realizan estas operaciones serán consideradas sujetos obligados a informar frente a la UIF, con exigencias reglamentarias que están totalmente fuera de sus posibilidades. “
A su vez, desde la organización que promueve y difunde las oportunidades que brindan las tecnologías descentralizadas señalaron que las pequeñas operaciones no constituyen un riesgo.
“Es impensable que puedan constituir una amenaza seria al lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo al estándar del ´enfoque basado en riesgos que promueve´ el GAFI.”
En segundo lugar, desde la ONG Bitcoin Argentina solicitaron “que el registro de PSAV, recomendado desde el GAFI, sea llevado por la UIF y no por cualquier otro órgano regulatorio”.
“Las empresas que actualmente operan en el país en las distintas actividades que definen a un PSAV tienen muy diverso volumen y complejidad, lo cual hace muy difícil y peligroso establecer criterios generales habilitantes. Por eso, recomendamos que este registro no sea utilizado para exigir determinados estándares operativos o patrimoniales habilitantes sino que se acote exclusivamente a que la UIF pueda supervisar en forma eficaz el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios de prevención del lavado de activo.”
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