El caso de Jairo González ha tomado un nuevo rumbo judicial luego de que el juez Deiby Timoteo Peguero dictara auto de apertura a juicio en su contra. González, quien tuvo dentención en una villa de Jarabacoa, enfrenta acusaciones que incluyen estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. Esto por su rol en un esquema que presuntamente defraudó a más de 400 personas por un monto superior a los 100 millones de dólares.
El Ministerio Público sostiene que González operaba de manera fraudulenta a través de su empresa Harvest Group & Asociados, ofreciendo “inversiones” en criptomonedas y otros activos financieros sin contar con autorización legal.
Jairo González enfrentará juicio por presunto fraude millonario con criptomonedas
La estrategia utilizada consistía en captar fondos con la promesa de altos rendimientos, un modelo característico de los esquemas piramidales. Según información de medios locales, las imputaciones también incluyen la violación de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones bursátiles sin licencia.
Así también se le añade la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, debido a la captación ilícita de fondos mediante sistemas informáticos.
Las víctimas de González lo han acusado de abuso de confianza, denunciando que sus inversiones desaparecieron sin explicaciones claras. Según las investigaciones, los recursos captados eran redistribuidos entre los primeros inversores para mantener la ilusión de rentabilidad, hasta que el esquema se volvió insostenible.
El 14 de febrero de 2023, BeInCrypto informó sobre su arresto y las denuncias en su contra. Las cuales incluso en ese preciso momento ya contabilizaban al menos 50 querellas formales.
Otros implicados en el caso, como Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, también fueron mencionados por el juez Peguero, aunque su participación se ha tipificado como complicidad en el delito de lavado de activos. Esto podría derivar en sanciones distintas a las que enfrenta el principal acusado.
Este juicio podría marcar un precedente en la regulación de inversiones en criptomonedas en República Dominicana, donde casos de fraude financiero han aumentado con la popularidad de estos activos digitales. La decisión final del tribunal podría determinar el alcance de las sanciones y servir como advertencia para quienes operen fuera del marco legal.
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