Según los medios afines a la UE, las instituciones financieras europeas se sienten respaldadas por MiCA. Hablan de un aumento significativo en la adopción de activos digitales en el sector privado: el dinero institucional fluye hacia el mercado cripto y los bancos incluso recomiendan invertir en criptomonedas.
Parece que el discurso anticripto es cosa del pasado. Bitcoin ya no es dinero sucio, usado para delinquir, financiar organizaciones ilegales o evadir impuestos. De hecho, son los impuestos los que han propiciado seguramente este inesperado amor por los criptoactivos, que podrían llenar las arcas europeas en tiempos revueltos.
Cuando se enfrentan a conflictos, los gobiernos europeos han financiado históricamente los aumentos en el gasto en defensa mediante una combinación de deuda y aumentos de impuestos a los individuos con alto patrimonio. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Francia como el Reino Unido introdujeron impuestos extraordinarios sobre los ricos para financiar sus esfuerzos militares (Quentin Parrinello, Giulia Varaschin y Gabriel Zucman, 2025).
Italia desata el pánico en la UE
Con un marco regulatorio centrado en el control de los criptoactivos por parte del sector público, los miembros comunitarios han comenzado a lanzar propuestas que afectan a la actividad privada vinculada a los activos digitales. Para sorpresa de muchos holders, el Ejecutivo de Meloni abrió la veda en 2024.
Un tema importante es el de las ganancias de capital sobre Bitcoin, un fenómeno que, ya que se está extendiendo, prevemos un aumento del impuesto del 26% al 42% (Maurizio Leo, 2024).
El anuncio del ministro italiano sobre la subida de los impuestos a Bitcoin activó las alarmas entre los holders europeos. Pero la cuestión va mucho más allá de la recaudación a título individual vía retención de la renta de los ciudadanos, ya que los inversores podrían pasar por caja incluso sin generar beneficios.
Este sería el caso si se aplicaran medidas tributarias como la propuesta en Francia por Sylvie Vermeillet, que incluiría Bitcoin dentro de la categoría “riqueza improductiva”, sumándose a activos como los bienes inmuebles cuyo valor de mercado supere los 1.3 millones de euros.
La enmienda presentada ha sido criticada duramente por la comunidad cripto en redes sociales, pero hay que recordar que la reforma del presupuesto para 2025 pretendía elevar el umbral para la exención del pago de este impuesto, situándolo en los 2.5 millones de euros.
Entre el cielo y el infierno fiscal
Claramente, la senadora francesa no persigue al usuario medio de criptomonedas: va a por las grandes fortunas, compartiendo el discurso de la Hacienda danesa, que puso sobre la mesa una retención de proporciones similares a la italiana, con una diferencia: el 42% se pretende aplicar a las ganancias no realizadas.
En este sentido, no son pocas las declaraciones de políticos y economistas que abogan por un endurecimiento de la tributación aplicable a particulares y empresas afincadas en la eurozona con patrimonios de gran volumen. Las voces que defienden esta vía de financiación proceden tanto de escenarios comunitarios como locales.
La aplicación de impuestos a los multimillonarios es un debate político, no legal. Lo único que se necesitaría sería un impuesto único del 10% sobre las 500 mayores fortunas de Francia para recaudar 100 mil millones de euros (Thomas Piketty, 2024).
Los impuestos a los individuos con alto patrimonio son altamente populares entre los ciudadanos europeos: el 67% apoya tales instrumentos según Eurobarómetro (Quentin Parrinello, Giulia Varaschin y Gabriel Zucman, 2025).
¿Significa esto que la UE se está convirtiendo en un infierno cripto para las grandes fortunas? Parece que no. La aplicación de impuestos específicos (y desorbitados) para los holders superricos en la eurozona sigue siendo una cuestión que, al contrario de la regulación sobre servicios digitales, no termina de materializarse en un texto común.
La obligación de tributar existe, pero las diferencias pueden ser abismales según el país de residencia fiscal. Eslovaquia, que cuenta con un impuesto específico para criptomonedas, aplica un 7% a las ganancias cripto, aunque se limita a activos holdeados durante un año o más.
Mucho más generosos son los fiscos belga, croata, luxemburgués y portugués, que aplican el 0% a las ganancias generadas por holders a largo plazo. En otras latitudes, la presión fiscal se dispara. Los contribuyentes escandinavos pagan más del 30%, llegando a doblar las cargas impositivas de países mediterráneos como Croacia (12%) y Grecia (15%).
¿Habrá un impuesto cripto unificado?
La fiscalidad única en la eurozona sigue siendo un sueño. Es complicado armonizar la diversidad fiscal europea, con impuestos sobre las ganancias personales tan dispares como el 10% búlgaro, el 36% neerlandés y el 52% danés. Estos porcentajes se aplican en estos países a las ganancias sobre criptomonedas.
Ni siquiera MiCA trata el tema de la fiscalidad única en materia de criptoactivos, aunque instrumentos de control totalitario como el CARF y la DAC8 podrían allanar el camino hacia la Hacienda comunitaria, siempre y cuando los estados miembros estén dispuestos a perder la poca soberanía económica que les queda.
No hay una estrategia de la UE para abordar esto. Sus 27 miembros protegen celosamente sus poderes para recaudar impuestos y se resisten a ceder alguno a Bruselas. Aunque el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros para la Covid permitió a la UE pedir prestado colectivamente en los mercados internacionales de capital, los intentos posteriores han sido firmemente rechazados (Giles Merritt, 2024).
A esta circunstancia, habría que sumar la casuística de países que pretenden sumarse a la UE. Georgia es un ejemplo claro, aunque su laxa política fiscal (no solo en lo referente a criptoactivos) no dejaría la adhesión georgiana a la deriva en el escenario hegemónico propuesto por eurovacas sagradas como Draghi.
Los procesos establecidos hasta ahora han demostrado ser en su mayoría burocráticos e ineficaces para fomentar una coordinación auténtica de políticas a nivel de la UE. El nuevo marco abordaría solo las prioridades estratégicas, que serían formuladas y adoptadas por el Consejo Europeo. Estas prioridades se definirían al inicio de cada ciclo político europeo en un debate del Consejo Europeo y serían adoptadas en las conclusiones del Consejo Europeo. A partir de ahí, la coordinación de todas las políticas económicas relevantes para las prioridades estratégicas acordadas por la UE se integraría en el nuevo marco de coordinación, excluyendo la supervisión de la política fiscal (Mario Draghi, 2024).
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