El debate sobre un posible impuesto a las remesas en Estados Unidos ha reavivado en El Salvador las preocupaciones sobre su impacto directo en los flujos de dinero que millones de familias reciben desde el exterior.
Para diversos expertos en migración y desarrollo, como Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, la aprobación de dicha medida en la Cámara Baja de EE.UU. no solo afectaría los montos enviados, sino que podría incentivar el uso de canales alternativos e incluso informales para el envío de fondos, entre ellos, las criptomonedas y las stablecoins.
Impuesto a remesas podría impulsar criptomonedas como vía de envío en El Salvador
Orozco advierte que los costos adicionales desincentivarían el envío frecuente de remesas, provocando una reducción inmediata en los volúmenes, pero también podrían generar una reacción más estructural: la búsqueda de mecanismos que escapen al escrutinio de la banca tradicional.
En ese escenario, los monederos digitales y activos como Bitcoin o USDT podrían volverse más atractivos, al no estar regulados o al ofrecer cierto anonimato y menor carga impositiva. Esto, sin embargo, genera preocupación en la industria financiera, pues significaría un paso más hacia una economía informal digital que escapa al control de los gobiernos y dificulta la trazabilidad del dinero.

El especialista matiza que aunque la oferta de vehículos financieros alternativos es aún limitada, la medida empujaría a más personas hacia estos métodos si se confirma que cualquier envío de dinero desde EE.UU. será considerado como remesa y, por tanto, gravado.
Este giro implicaría también una carga inédita para el sistema bancario estadounidense, que pasaría a actuar como un filtro migratorio al tener que verificar no solo la identidad, sino también la ciudadanía de quienes envían dinero. Según Orozco, esto representa una distorsión del rol de las entidades financieras, que pasarían a asumir funciones propias de las autoridades migratorias.
Criptomonedas ganan terreno ante impuesto a remesas en El Salvador
La situación resulta especialmente sensible para El Salvador, donde cerca del 50 % de los remitentes de dinero desde Estados Unidos están en situación migratoria irregular, sea bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), con visados vencidos o sin papeles.
Para este grupo, el nuevo impuesto implicaría un golpe directo a sus finanzas, lo que podría acelerar la migración a métodos alternativos de envío, como las criptomonedas, que hasta ahora han tenido una adopción mínima, pero podrían cobrar relevancia si se vuelven el único camino viable para enviar dinero sin penalizaciones.
En paralelo, el país atraviesa un proceso de ajuste económico tras firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones de dólares. Este compromiso obliga al Gobierno a reducir el gasto público y aumentar los ingresos en un 3.5 % del PIB en tres años.
Aunque la ONU ha destacado que esta medida podría mejorar la estabilidad fiscal y atraer inversiones, también advirtió que podría deteriorar servicios básicos como la salud y la educación. Además, una de las condiciones del acuerdo fue la promesa de no adquirir más Bitcoin, pese a que la Oficina Bitcoin sigue informando sobre nuevas compras, en una aparente contradicción con lo pactado.
Pese al incremento reciente en el ahorro por motivo precaución; la conjunción de estos factores —una presión externa sobre las remesas, el ajuste interno por el acuerdo con el FMI y la latente tentación de las criptomonedas como vía de escape— configura un entorno complejo donde el sistema financiero salvadoreño podría enfrentarse a shocks de oferta en el mediano plazo.
Es decir, si más usuarios optaran por enviar y recibir dinero vía criptomonedas sin pasar por bancos o agentes formales, se genera desintermediación financiera, lo que debilitaría la liquidez en el sistema bancario tradicional.
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