En una nueva ofensiva fiscal, la Agencia Tributaria española ha comenzado a realizar inspecciones tributarias sobre inversores en criptomonedas, basándose en el cruce de datos proporcionados por exchanges centralizados (CEX), tanto nacionales como extranjeros.
Esta medida marca el inicio de una etapa más agresiva por parte de Hacienda, que ya está obteniendo resultados concretos a partir de la información recopilada mediante cinco modelos clave: 100, 714, 172, 173 y 721.
Hacienda investigará a inversores cripto mediante cruces de datos de exchanges
La abogada Cristina Carrascosa, experta en fiscalidad cripto, ha subrayado que la Agencia Tributaria está plenamente facultada para investigar y perseguir tanto la no declaración de ganancias como la ocultación de patrimonio en los períodos de 2020 a 2023, aplicando recargos y sanciones correspondientes.
Por otra parte, el portal especializado en regulación cripto, Cero Uno Crypto ha detectado que los modelos 721 y 714 han generado confusión entre los usuarios, especialmente por la falta de claridad sobre qué declarar y cómo hacerlo. La presentación incorrecta o incompleta de estos modelos puede facilitar que Hacienda inicie un procedimiento de inspección, lo que conlleva el riesgo real de embargo de criptoactivos almacenados en monederos digitales, incluso si se encuentran fuera de los exchanges tradicionales.
A través del Modelo 100, Hacienda identifica las ganancias y pérdidas por operaciones de compraventa, recompensas de staking, airdrops y demás rendimientos cripto sujetos al IRPF. El Modelo 714, por su parte, obliga a declarar patrimonio cuando se superan ciertos umbrales, incluyendo las criptomonedas.
Pero es con los Modelos 172 y 173 donde la vigilancia se intensifica: los exchanges españoles deben informar los saldos a 31 de diciembre y todas las operaciones realizadas durante el año fiscal, respectivamente. Si el inversor custodia más de 50.000 euros en cripto en un CEX extranjero, el Modelo 721 lo obliga a declarar también esas tenencias.
La consecuencia directa: embargos de monederos digitales si se detecta deuda tributaria, una posibilidad cada vez más real desde la entrada en vigor de la directiva DAC8, que otorga mayor alcance internacional a la fiscalización.
Se intensifica la persecución de Hacienda incluso más allá de las cripto
Pero el celo recaudatorio no se limita a las criptomonedas. También Bizum ha sido incluido en la lupa fiscal. A partir de ahora, los bancos deben informar mensualmente sobre cualquier operación con fines comerciales, sin importar el monto, eliminando el umbral de 3.000 euros que hasta ahora ofrecía cierto margen. Mientras tanto, transferencias personales entre particulares seguirán exentas, siempre que no superen los 10.000 euros anuales.
El panorama se completa con la polémica en torno a la llamada Ley Beckham, originalmente pensada para atraer talento extranjero. Según denuncias recientes de juristas como Robert Ámsterdam, el régimen fiscal ha sido convertido en una trampa: Hacienda estaría revisando expedientes antiguos y anulando beneficios fiscales previamente otorgados, con consecuencias devastadoras para expatriados que confiaron en las condiciones oficiales.
En el fondo, lo que subyace es una estrategia fiscal orientada a la maximización de ingresos, más que al cumplimiento equitativo de la ley. El incentivo no es solo normativo, sino económico: Hacienda repartirá hasta 125 millones de euros en bonificaciones a su personal según el volumen recaudado en IRPF e IVA, institucionalizando de facto una “caza al contribuyente”.
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