Gobierno de Cancún expuso que no renovó sistema blockchain porque le parecía “innecesario” mantener documentos legislativos de forma segura y transparente y alegaron que era demasiado “costoso” mantenerlo.
Tan solo unos meses después de implementar tecnología blockchain en la certificación de documentación legislativa, a través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo, el Congreso de Cancún, Quintana Roo, México, reveló que retiró el sistema avanzado de encriptación por ser “sobrecalificado” para sus necesidades.
El Congreso del Estado apuntó que el sistema blockchain que fue instalado apenas en marzo pasado, tenía la función de archivar los documentos de la legislatura de manera encriptada y fue desactivado esta semana. Fue instalado con la promesa de brindar más transparencia en el manejo de información.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Martínez Arcila, de la XVI Legislatura, sostuvo que desde esta semana regresaron al sistema convencional para archivar documentos, pues no veían diferencia al utilizar blockchain, al considerar que “la información era pública de todas maneras”.
Así lo explicó Eduardo Martínez Arcila:
“El sistema propio hace lo mismo que al anterior, pero el blockchain lo que hacía era que encriptaba estos documentos, para impedir que puedan ser alterados, pero finalmente toda la información generada era pública. Los alcances y los montos del contrato son parte de la revisión del proceso de entrega-recepción; esta información será hecha pública”.
Autoridades locales no comprenden potencial de la tecnología blockchain
Autoridades de Cancún sostienen que el contrato de la proveedora del sistema blockchain expiró en agosto y que renovarlo tenía un costo de 600,000 pesos mexicanos (290,000 dólares) y que no fue renovado por acusaciones de malversación de fondos de la última administración (que contrató el sistema).
Funcionarios expusieron que la Ley de Disciplina Financiera les exhorta a evitar gastos innecesarios en la administración, por lo que recontratar el sistema blockchain requeriría una revisión a nivel legislativo. Cuando fue adquirido, la idea era que abonara a la confianza de las entidades sobre la protección de documentos e ir contra la modificación o destrucción de iniciativas previamente presentadas.
Así lo expresó el congreso local en su momento:
“A partir de ahora quien presente una iniciativa obtendrá un código QR que, al ser escaneado, lo llevará al sitio donde podrá consultar, descargar y validar su documento, garantizando el seguimiento puntual de su trámite. A través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo se facilitará a los ciudadanos y entidades públicas la gestión de los documentos dirigidos al Poder Legislativo; se podrá modernizar y homologar el proceso de emisión y recepción de la correspondencia, digitalizando y haciendo eficiente su seguimiento y la administración y organización archivística, así como garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la documentación legislativa ingresada y generada en el Poder Legislativo”.
Entre otras promesas, la tecnología trataría o convertiría documentos como dictámenes y decretos, entre otros, tendrán un mismo tratamiento, por lo que se acabará con suspicacias en cuanto a la suplantación o modificación de estos durante su proceso legislativo.
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