Gobierno de EEUU rastrea transacciones de migrantes sin su permiso

Agencias del gobierno de Estados Unidos habrían recopilado los datos de transacciones financieras de manera ilegal, vulnerando el derecho a la privacidad y la autonomía financiera de miles de individuos.

Según un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles -ACLU, por sus siglas en inglés para American Civil Liberties Union-, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus entidades tendrían una base de datos 145 millones de transacciones financieras.

“Esto es especialmente dañino porque sujeta a las personas a un escrutinio no deseado por las fuerzas de la ley, y permite que el gobierno amase información sobre las actividades ordinarias de las personas sin ninguna justificación. Este tipo de vigilancia rutinaria es corrosiva y perjudica los discursos y acuerdos de los que depende la democracia”

Empresas financieras traicionan a sus clientes y usuarios

Estas transacciones habrían sido recopiladas de forma ilegal con la ayuda de empresas que ofrecen servicios de transmisión de dinero, como Moneygram y Western Union.

Western Union, que provee su servicio especialmente a inmigrantes que envían remesas desde Estados Unidos a sus países, estaría así violando los derechos de un sector de la sociedad especialmente vulnerable.

Según el reporte, los datos de los usuarios corresponden a transacciones realizadas desde Estados Unidos hacia otros 22 países, como también dentro del país.

“Dado a que miembros de las comunidades marginadas utilizan más estos servicios que los de los bancos tradicionales, el peso de la vigilancia del gobierno recae desproporcionadamente en aquellos que ya son vulnerables a la sobre actuación de las fuerzas de la ley”

Los datos se habrían recopilado con la ayuda de una organización bautizada como el Centro de Análisis de Registros de Transacciones (Transaction Record Analysis Center o TRAC), creado en secreto por autoridades del estado de Arizona.

El reporte de ACLU explica que el estado de Arizona habría enviado 140 solicitudes a las empresas de transferencia de dinero para que estas entregaran los datos de sus clientes.

También, especifican que 440 agencias locales, 80 agencias estatales, 53 agencias federales y 152 oficinas locales de agencias federales tienen acceso a esta información.

“En total, 700 entidades estatales han tenido o aún tienen a la base de datos de TRAC; desde la oficina de un sheriff en un pequeño condado de Idaho hasta los departamentos de policía de Nueva York y Los Angeles, hasta agencias federales y la policía militar”

Senador demócrata de EEUU pide una investigación exhaustiva

Este reporte ha levantado alarmas incluso en el congreso de Estados Unidos, donde el Senador Ron Wyden, del partido demócrata, ha solicitado al Departamento de Estado una investigación contra las agencias que han incurrido en esta violación de los derechos del usuario.

Ayer miércoles el Senador advirtió que esto era especialmente dañino para los migrantes:

“Este acuerdo poco ortodoxo entre agencias estatales, el Departamento de Seguridad Nacional [Department of Home Security, DHS] y el Departamento de Justica [Department of Justice, DOJ] genera muchas preocupaciones sobre la vigilancia que afecta desproporcionadamente a las minorías y comunidades de inmigrantes”

Bitcoin no pide tus datos ni tiene prejuicios con sus usuarios

A diferencia del sistema fiat y el sistema bancario, Bitcoin (BTC) no requiere los datos de sus usuarios para funcionar, por lo que en ese sentido nadie tiene por qué temer.

Aunque ciertamente Bitcoin es transparente y se pueden aplicar herramientas de vigilancia para rastrear transacciones, es muy diferente a cuando los gobiernos y entidades financieras pueden compartirse los datos de los usuarios directamente entre ellos.

Bitcoin representa una alternativa para quienes quieren usar su dinero sin miedo a ser discriminados, protegiendo el derecho a la privacidad y la libertad financiera de individuos, comunidades y organizaciones en todo el mundo.