La GBA en Venezuela incauta más de 300 ASICs a un minero de Bitcoin

De acuerdo con versiones oficiales, los militares detuvieron un camión 350 para hacer un chequeo de rutina mientras este intentaba pasar por el peaje “Guayana” del estado Bolívar. Al realizar la inspección se percataron de que el vehículo no contaba con el permiso necesario para transitar durante la cuarentena, y lo que es peor, presuntamente no poseía la permisología emitida por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos del país, el organo público encargado de reglamentar las actividades económicas relacionadas con criptomonedas y actividades similares. La permisología a la que se refiere la Guardia Nacional, es un registro o censo que debe hacer toda persona que se dedique a la minería de criptomonedas. El RISEC —Registro Integral de Servicios en Criptoactivos— es de obligatorio cumplimiento y es el documento que sustenta que una persona ejerce legalmente la minería como actividad económica en Venezuela. Quien no tenga este registro corre el riesgo de sanciones que van desde multas hasta la confiscación de sus equipos. Las maquinas procedieron a ser confiscadas de manera temporal y el caso ya se encuentra bajo el conocimiento de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.

La ley venezolana ha evolucionado… La mentalidad de sus funcionarios públicos, no.

La industria de la minería de criptomonedas tuvo su auge en Venezuela durante el boom del 2017, gracias a una especie de coctel de circunstancias que agrupó una carencia de divisas, un auge del volumen de trading de Bitcoin y un país donde la electricidad se encuentra entre las más baratas del mundo. Gracias a esto, casi todos los mineros tenían una rentabilidad prácticamente absoluta debido a que el consumo energético de sus equipos era prácticamente —e incluso en algunos casos, absolutamente— cero.

En un primer momento, el gobierno venezolano intentó combatir la minería y el trading de Bitcoin bajo la premisa de que constituían una forma indirecta de lavar capitales y violar los estrictos controles cambiarios impuestos como un intento de contener la crisis y combatir la especulación de divisas a través del mercado negro. Varias granjas de minería fueron confiscadas aprovechandose de este criterio, a pesar de que no había ley alguna que de manera expresa calificara a la minería o al trading como actividad ilegal. Sin embargo, el 20 de Noviembre de 2018, un Decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente —el cual tiene rango supralegal— dio legalidad expresa a las actividades relacionadas con criptomonedas y dio a la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, la potestad de reglamentar el Sistema Nacional de Criptoactivos, obligando a los mineros a registrarse en un portal, y dando a las criptomonedas un carácter legal como medios de intercambio. A pesar de esto, las autoridades venezolanas no han mostrado disposición a conocer y aplicar este Decreto. En varias ocasiones se han visto en las redes sociales, varias denuncias de mineros y usuarios que han sido extorsionados por las fuerzas del orden por el hecho de tratar con criptomonedas. También, dado que las criptomonedas tienen a cotizarse en Bolívares, algunos usuarios prefieren mantener su actividad en la clandestinidad pues consideran que salir a la luz pública es un potencial peligro para su seguridad —no por la acción de delincuentes, sino por la de funcionarios corruptos. [BBC] Si bien la Sunacrip tiene conocimiento del caso, otros actores dentro del ecosistema también están intentando resolver la situación. BeInCrypto actualizará la información tan pronto como se conozcan nuevos hechos.