El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha sacudido los cimientos legales y económicos del país. El pasado 20 de septiembre, el pleno de magistrados votó mayoritariamente para declarar inconstitucionales los Decretos 236-2012 y 120-2013. Mismos que regulaban las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Estas zonas especiales prometían ser polos de desarrollo que atraerían inversión extranjera. No obstante, la decisión de la Corte señala que las ZEDE contravienen los artículos esenciales de la Constitución.
Futuro de Bitcoin en Roatán en peligro tras fallo de la Corte Suprema de Honduras sobre las ZEDE
Con la anulación de estos decretos, el futuro de las ZEDE es incierto. Ocho magistrados votaron para que la anulación tenga efecto ex tunc, es decir, desde su origen, mientras que siete apoyaron el efecto ex nunc, lo que significaría que las ZEDE estarían vigentes hasta la fecha de la sentencia.
Esto ha desatado una serie de reacciones, no solo en Honduras, sino también a nivel internacional. Enfurecidos están especialmente los inversores extranjeros que habían puesto su capital en estas zonas.
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Uno de los proyectos más afectados es Próspera. Esta es una ZEDE ubicada en la isla de Roatán, que se presentó en su momento como un ejemplo de ciudad futurista con regulaciones favorables para las criptomonedas, en particular para Bitcoin. Esta isla desató polémica no solo en las cortes, sino también con el propio Banco Central, que ha negado cualquier posibilidad de usar Bitcoin como moneda de curso legal.
Las ZEDE y su declarada inconstitucionalidad en Honduras
En 2022, durante la Bitcoin Conference, Samson Mow anunció con devoto entusiasmo que Roatán adoptaría Bitcoin (BTC) como unidad de cuenta. Esto, supuestamente en consecuencia atraería la atención del ecosistema cripto global.
Sin embargo, aunque aparente se declaró BTC como unidad de cuenta a nivel local, lo cierto es que no se han reportado inversiones relevantes en BTC hasta la fecha. Al contrario, la mayoría de inversiones se encuentran centradas en Bienes raíces y en la idea de un “Hub de Innovación” con propósitos todavía ambiguos.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, había advertido sobre la inconstitucionalidad de las ZEDE desde su creación. Ahora, con la sentencia del Supremo, Honduras enfrenta posibles demandas millonarias por parte de inversionistas internacionales.
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Se estima que al menos diez empresas extranjeras, que han invertido en las tres ZEDE actuales (Roatán, Choloma y San Marcos de Colón), están preparando sus casos ante tribunales de arbitraje internacional.
El caso más sonado es el de Honduras Próspera Inc., una empresa estadounidense con sede en Delaware, que está detrás de la ZEDE en Roatán.
La compañía ha presentado una demanda por 10.775 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que su inversión está protegida por acuerdos internacionales, incluidos tratados con Estados Unidos y Kuwait, que supuestamente garantizan el funcionamiento de Próspera durante los próximos 50 años.
ZEDE en Honduras: ¿Una adopción imaginaria de Bitcoin?
En respuesta, el Gobierno de Honduras ha decidido enfrentar las demandas en lugar de negociar. Gerardo Torres, vicecanciller de política exterior de Honduras, señaló que el país no puede asumir las sumas reclamadas por los inversionistas, y que cualquier pago de tal magnitud podría hacer colapsar el Estado.
Honduras, que ya tiene una deuda externa de 16.500 millones de dólares y donde dos tercios de la población vive en condiciones de pobreza, no puede permitirse estos pagos.
Las criptomonedas, particularmente Bitcoin, han jugado un rol significativo en este conflicto. Bitcoin fue adoptado en la propaganda como símbolo de innovación y desarrollo en las ZEDE, especialmente en Próspera. A inicios de este año, se anunció que Bitcoin sería reconocido como unidad de cuenta, generando grandes expectativas entre los más fanáticos de la comunidad cripto.
Sin embargo, la declaración oficial de este reconocimiento parece que pasará a ser ignorada tras la declaración de inconstitucionalidad. Factor que, demás está decir; ha generado dudas sobre el compromiso del país con las criptomonedas.
Por otra parte, lo que parece ser un conflicto entre el gobierno hondureño y las corporaciones extranjeras es, en realidad, una lucha más compleja, con fracturas internas dentro del propio gobierno.
Además, algunas voces críticas sugieren que proyectos como Próspera están más alineados con intereses estadounidenses que con la visión de un desarrollo impulsado por criptomonedas. Mientras tanto, el futuro de Bitcoin en Roatán, así como en otras ZEDE, pende de un hilo.
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