El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, ha sacado a la luz un asunto inquietante: el uso de criptomonedas, principalmente Bitcoin; para financiar campañas de desprestigio en su contra y ataques al Ministerio Público y la Sala IV.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto del Congreso, Díaz afirmó que seis bitcoins, equivalentes a casi 200 millones de colones costarricenses, se destinaron a financiar una campaña en su contra. Este escándalo tiene sus raíces en el fallo de la Sala IV sobre una iniciativa del Poder Ejecutivo. Misma que busca la realización de un referendo en el país, lo que ha generado tensiones entre los poderes del Estado.
Fiscal de Costa Rica denuncia el uso de Bitcoin en campañas de desprestigio
Díaz expresó su preocupación directamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves. Figura a la que responsabiliza en parte por alimentar estas campañas a través de sus declaraciones. Según el fiscal, el uso de frases despectivas por parte de Chaves ha desatado ataques organizados que buscan desacreditar su labor.
Estas campañas, señaló, no son aisladas, sino que forman parte de una estrategia bien orquestada para desprestigiar tanto a él como a las instituciones judiciales.
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Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia del Fiscal General es el uso de criptomonedas, en particular Bitcoin, como medio de pago para financiar estos ataques.
No es secreto que las criptomonedas han acarreado mala fama en el país luego de la desarticulación de una scam millonaria en la que se vieron involucrados varios funcionarios.
Según Díaz, un bitcoin supera los 350,000 dólares, lo que indica que quienes están detrás de estas campañas invierten cantidades significativas para asegurarse de que sus objetivos sean alcanzados.
“No están pagando 350 mil colones por una campaña; lo hacen muy bien, rastrear estos pagos es casi imposible”. Añadió Díaz, poniendo en evidencia la dificultad que enfrenta el Ministerio Público para identificar a los responsables.
El uso de criptomonedas en este tipo de actividades no es nuevo, pero la magnitud de la suma pagada y la sofisticación de los ataques es lo que realmente preocupa. Según el fiscal, estas transacciones, debido a la naturaleza descentralizada de Bitcoin, son extremadamente difíciles de rastrear. Dicho factor complica las investigaciones y deja a las autoridades judiciales en una posición vulnerable.
Fiscal de Costa Rica: “Uso de Bitcoin complica investigaciones“
Esta denuncia de Díaz destaca en un contexto en el que su credibilidad ha sido objeto de ataques personales. En las últimas semanas, se criticó un viaje a Grecia y su participación en una sociedad anónima llamada Linley Entretenimientos en 1992. Esto cuando apenas tenía 19 años y estaba dando sus primeros pasos como asistente legal.
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Estas acusaciones, según Díaz, forman parte de una estrategia mayor para socavar su autoridad y la del Ministerio Público.
El diputado liberacionista Francisco Nicolás también se sumó al criterio de Díaz. Incluso llegó a afirmar con intención que estas campañas de desprestigio son claramente organizadas y apuntan a desestabilizar las instituciones judiciales del país.
Ambos coincidieron en que es necesario establecer una barrera clara entre las instituciones públicas y las campañas de descrédito que, según ellos, tienen motivaciones políticas.
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