A pesar del creciente interés por las criptomonedas a nivel mundial, un estudio llevado a cabo por el centro de análisis Funcas indica que España no sigue el ritmo de adopción observado en otros países. Solo una pequeña fracción de la población española posee activos digitales. El estudio profundiza en las particularidades del mercado financiero digital español y descubre que apenas alrededor del 5% de los españoles tiene algún tipo de criptomoneda.
Bitcoin, conocido por su volatilidad, se mantiene como la criptomoneda más popular en España, con un 40% de los poseedores de criptomonedas afirmando tener esta divisa. Le siguen Cardano (ADA) y Ethereum (ETH), con un 25% y un 24% de los usuarios, respectivamente. No obstante, como se menciona en Techopedia en español, otras criptomonedas como Solana (SOL), Polkadot (DOT) y Dogecoin (DOGE), aunque populares a nivel mundial, todavía representan una porción menor del mercado español, con menos del 10% de los encuestados reportando poseerlas.
Este estudio, realizado en línea por la empresa IMOP, consultó a más de 2.100 residentes de España, con edades entre 18 y 70 años, iluminando no solo las preferencias en criptomonedas, sino también el perfil del inversor español en este sector. Los datos recogidos muestran un perfil predominantemente masculino y joven entre los inversores en criptomonedas. Los hombres constituyen poco más del 8% de los poseedores, mientras que las mujeres apenas representan el 1,9%. La mayoría de estos inversores son jóvenes entre 18 y 28 años, con ingresos mensuales superiores a 5.000 euros, reflejando un grupo económicamente privilegiado que tiene la capacidad de arriesgarse en activos digitales volátiles.
Cerca del 80% de los propietarios de criptomonedas en España ven sus inversiones principalmente como una forma de acumulación de capital, con vistas al potencial de valorización. Sin embargo, el estudio también subraya un uso limitado de las criptomonedas como método de pago, con menos del 1% de los encuestados utilizando criptomonedas para transacciones diarias. Además, el inversor está motivado, en parte, por la búsqueda de ganancias en un contexto de tipos de interés bajos o incluso negativos, como señalan los investigadores de Funcas.
Aunque el uso no está ampliamente extendido, es legal y cada vez más aceptado bajo ciertas regulaciones que buscan equilibrar la innovación con la seguridad del usuario. La regulación actual, a través de la Ley 11/2021 y especificaciones del BOE 164/2021, busca controlar y supervisar las transacciones para prevenir el lavado de dinero y el fraude fiscal, asegurando que todas las operaciones sean transparentes y tributen adecuadamente.
No obstante, la volatilidad del mercado exige cautela. El estudio de Funcas correlaciona un aumento en los tipos de interés con una disminución en el valor de mercado de las criptomonedas, sugiriendo un apetito reducido por estos activos en períodos de incertidumbre financiera. Esto puede atribuirse a que los inversores tienden a alejarse de inversiones consideradas más volátiles o arriesgadas cuando los tipos de interés suben, prefiriendo opciones que ofrecen retornos más seguros.
La legislación también juega un papel importante en estos números. El entorno regulatorio, lleno de áreas grises, frena la expansión de los criptoactivos y la aceptación más amplia por parte de las empresas y el público en general. La legislación sobre criptoactivos se encuentra en un periodo de transición y adaptación a las normas europeas, específicamente al Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), que busca proporcionar un marco legal claro y homogéneo para toda la Unión Europea. Esta regulación afecta cómo las criptomonedas son comercializadas, intercambiadas, y su publicidad, e introduce medidas para mejorar la transparencia y protección al consumidor.
A pesar de la existencia de directrices y leyes como la Ley del Mercado de Valores y la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales, los criptoactivos que no se consideran instrumentos financieros no cuentan con una regulación específica propia en España. Esto ha llevado a que el entorno regulatorio presente áreas grises que podrían frenar la adopción masiva y la expansión de los criptoactivos, debido a la incertidumbre y la falta de un marco legal completamente definido. El Banco de España y la CNMV han trabajado para alertar y educar sobre los riesgos de los criptoactivos no regulados, mientras que la introducción de MiCA y otras regulaciones buscan estabilizar y dar seguridad al mercado.
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