El Ministerio de Hacienda y Función Pública en España está preparando una nueva regulación en materia de criptomonedas que obligará a los contribuyentes a declarar las criptomonedas que posean en el extranjero y a las empresas que brinden servicios de custodia, inversión o intermediación a informar a la Agencia Tributaria sobre los saldos y operaciones de sus clientes. La norma entrará en vigor en 2024 para responder sobre las operaciones realizadas durante el actual ejercicio 2023.
La última ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobada en junio de 2021 ya recogía ambas obligaciones. Sin embargo, el retraso en la elaboración de la regulación y los formularios ha dilatado su puesta en marcha. Desde 2021, los contribuyentes ya tienen la obligación de declarar en el IRPF (a través de la Renta) las ganancias obtenidas por sus inversiones en criptomonedas.
Los contribuyentes deberán declarar a partir del próximo año. A través del modelo 721. La información será “sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular. O respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición”.
Llamado de atención para las empresas del ecosistema cripto
En este sentido, la nueva regulación impone una mayor transparencia en el uso de las criptomonedas. Exigiendo de esta manera a los contribuyentes declarar las divisas digitales que tengan en el extranjero.
Así también la nueva normativa incluye a las empresas que ofrecen servicios de custodia, inversión o intermediación informar a la Agencia Tributaria sobre los saldos y operaciones de sus clientes. De esta manera, se pretende aumentar la capacidad de las autoridades para detectar y perseguir el uso indebido de estos activos digitales.
“Las empresas que brinden servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal, salvaguarda de claves criptográficas en nombre de terceros para almacenar, mantener o transferir monedas, o realicen ofertas de nuevas monedas virtualesdeberán facilitar a la Administración datos relativos a las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia con monedas virtuales, así como de los cobros y pagos realizados con ellas.”
Esta declaración se hará a través del formulario 173 y junto a ella. Las empresas tendrán que aportar los datos que identifiquen a todos los sujetos que participen en las operaciones. Ejemplo de estos datos serán el número de identificación fiscal, el domicilio, la cifra de monedas virtuales, el precio y la fecha de la operación.
Con respecto las compañías que ofrezcan estrictamente servicios de salvaguarda de claves criptográficas para operar con divisas digitales. Estas también deberán comunicar a Hacienda la cantidad de monedas que tienen custodiadas a través del modelo 172.
España adelanta parte de las novedades de la modificación de la DAC 8
España se adelanta con esta regulación a las novedades que trae la modificación de la DAC 8 (Directiva de Cooperación Administrativa). La misma exigirá a las empresas que brinden servicios de inversión en criptomonedas, sean o no de la Unión Europea, comunicar a los Ministerios de Hacienda de cada Estado la información sobre los contribuyentes con criptomonedas. El objetivo de Bruselas es que la nueva norma eche a andar el 1 de enero de 2026.
La Comisión Europea ha señalado en el texto que ha sometido a consulta pública que calcula que en la actualidad los distintos países de la UE están dejando de lado en impuestos 2.400 millones de euros de los usuarios que tienen inversión en en criptomonedas.
Finalmente las empresas que se limitan a ofrecer servicios de custodia, inversión o intermediación estarán obligadas por la nueva regulación a facilitar a la Administración “datos relativos a las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia con monedas virtuales, así como de los cobros y pagos realizados con ellas”.
Esto permitirá a las autoridades tener una mejor comprensión de la cantidad de criptomonedas que se encuentran en circulación en España. A la vez aumentará su capacidad para detectar actividades ilícitas relacionadas con el uso de estas divisas digitales.
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