La Guardia Civil de España ha dado un duro golpe al crimen organizado internacional al desmantelar una megabanda que robó más de 460 millones de euros mediante una sofisticada estafa con criptomonedas.
La operación, bautizada como “BORRELLI”, ha sido liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) con el apoyo de Europol y agencias de seguridad de países como Estados Unidos, Estonia, Italia y Argentina. Las detenciones se realizaron en Madrid y las Islas Canarias, y han permitido revelar una red financiera compleja con ramificaciones en más de diez países.
¿Cómo funcionaba la estafa piramidal con criptomonedas?
Esta organización delictiva operaba a través de una empresa registrada en Hong Kong y simulaba una actividad financiera legítima, con promesas de rentabilidad asegurada y estrategias típicas de estafas piramidales.
La megabanda usaba una estructura empresarial fraudulenta para captar inversores a nivel global. Prometían altas rentabilidades, usaban comerciales en diferentes países y gestionaban los fondos mediante una red bancaria internacional.
Aceptaban pagos en efectivo, transferencias y criptomonedas. Según la UCO, esta captación masiva tenía todos los elementos de una estafa Ponzi: incentivos por traer nuevos inversores, rentabilidades irreales y empresas registradas en jurisdicciones opacas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido que la firma no estaba autorizada para ofrecer servicios financieros en España. A pesar de eso, lograron engañar a más de 5,000 víctimas en más de 30 países, de las cuales unas 39 millones de euros fueron estafados en territorio español.
“La organización criminal habría constituido un entramado societario y bancario internacional, y habría utilizado pasarelas de pagos, y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de origen delictivo”, señaló el Ministerio del Interior de España en un comunicado oficial.
Respuesta internacional frente a la criptoestafa
La operación fue posible gracias a la colaboración internacional entre cuerpos policiales de Europa, América y Asia. Europol, Homeland Security de EE. UU., la policía de Estonia y otros 15 países participaron en las investigaciones.
Este tipo de cooperación es clave ante delitos transnacionales que utilizan criptomonedas para eludir controles financieros y blanquear dinero.
El caso refuerza la necesidad de regulación, vigilancia y educación en torno a las inversiones en criptoactivos. El anonimato y la descentralización, si bien son fortalezas del ecosistema, también pueden ser explotados por redes criminales sofisticadas.
La operación BORRELLI marca un precedente en la lucha contra las criptoestafas a gran escala. Aunque las criptomonedas ofrecen oportunidades legítimas, también abren la puerta a delitos complejos que cruzan fronteras y burlan sistemas tradicionales.
Las autoridades continúan investigando otros posibles implicados y rutas de blanqueo. Mientras tanto, este caso refuerza la importancia de verificar la legitimidad de cualquier proyecto de inversión, especialmente cuando se trata de activos digitales de alto riesgo.
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