La presunta estafa de criptomonedas perpetrada por la plataforma Arbistar ha sido calificada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como una de las más grandes en la historia del país. No solo por el volumen económico involucrado, sino también por el alcance de su operación digital.
Según el informe final presentado por el ministerio público, la red liderada por Santiago Fuentes Jover logró apropiarse de unos 6.000 Bitcoin. Dicho valor actual ronda los 600 millones de euros. Esa cifra, hoy en paradero desconocido, es apenas una fracción del total movilizado por esta estructura que operó entre mayo de 2019 y septiembre de 2020.
Fiscalía cifra en €600 millones el fraude en bitcoins de la criptoestafa Arbistar
Durante este periodo, Arbistar ofrecía supuestas inversiones automatizadas en criptomonedas a través de una web propia. Miles de personas crearon cuentas, compraron bitcoin y los transfirieron a la plataforma. Lo hicieron creyendo que estaban generando intereses, pero en realidad perdieron el control total sobre sus fondos.
Para la Fiscalía, la estructura montada era en esencia una estafa piramidal del tipo Ponzi, donde los beneficios prometidos se pagaban con el dinero de nuevos usuarios, sin una inversión real detrás.
El colapso del sistema llegó en septiembre de 2020, cuando Arbistar ya no pudo cubrir las solicitudes de retiro. Según los cálculos del fiscal, los rendimientos estimados hasta esa fecha ascendían a unos 29.000 bitcoin. Cifra que hoy representaría un valor superior a los 1.900 millones de euros.
En total, se calcula que hubo 53.407 inversores afectados, de los cuales 32.588 sufrieron pérdidas netas, ya que la organización solo reinvirtió una parte del capital recibido: unos 12.000 euros en Bitcoin.
Criptoestafa Arbistar: más de 53.000 víctimas y bitcoins desaparecidos por €600 millones
Santiago Fuentes, cabecilla de la trama y en prisión preventiva desde junio de 2023, enfrenta una solicitud de condena de 29 años y 9 meses por parte de la Fiscalía. Los cargos incluyen pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos mercantiles y estafa agravada.
El caso se sigue juzgando en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Lugar donde también se ha resaltado la rigurosidad del trabajo policial. Especialmente en el análisis de los dispositivos electrónicos incautados a los acusados, un punto que ha sido blanco de críticas por parte de las defensas.
Más allá del fraude técnico, este caso refleja la vulnerabilidad de miles de inversores ante propuestas que aparentan ser oportunidades legítimas de inversión en un entorno todavía poco regulado.
En uno de los testimonios más dramáticos, una víctima relató cómo, tras una simple llamada de banco, terminó perdiendo 4.000 euros sin poder recuperarlos jamás.
La falta de controles sólidos y el desconocimiento generalizado sobre las tecnologías blockchain fueron el caldo de cultivo perfecto para que la operación de Arbistar se expandiera rápidamente antes de desmoronarse, dejando un laberinto de ahorros perdidos.
Con este juicio, la Fiscalía busca sentar un precedente sobre la necesidad de mayor vigilancia, regulación y formación ciudadana en torno a los criptoactivos. Mientras tanto, los afectados aún esperan justicia y, en muchos casos, la improbable recuperación de sus fondos.
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