Un tribunal de EE.UU. rechazó una solicitud de incautación por parte de fondos de inversión internacionales que buscaban vincular activos relacionados con el escándalo LIBRA al Estado argentino.
En cambio, la jueza señaló que las pruebas apuntaban a individuos privados como las partes que controlaban los fondos. La conclusión complicó aún más la implicación del presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina y el promotor de LIBRA, Hayden Mark Davis.
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Esta semana, la jueza federal Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York denegó una solicitud de fondos de inversión internacionales que habían intentado incautar activos de criptomonedas LIBRA vinculándolos al Estado argentino.
Rochon argumentó que las pruebas eran insuficientes para demostrar la propiedad estatal. En cambio, sugirió que los millones generados por LIBRA podrían pertenecer a Javier Milei, su hermana y Secretaria General Karina Milei, o a Mark Hayden Davis, quien ayudó a lanzar y promover la memecoin.
El fallo frustró el intento de los fondos de localizar activos para recuperar un préstamo a Argentina después de que el país sufriera una aguda crisis económica en 2001.
El caso de incautación de activos es legalmente distinto de la demanda civil colectiva presentada contra Milei por inversores minoristas por sus pérdidas de 251 millones de dólares. No obstante, aún destaca y complica su conexión con el escándalo más amplio.
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La solicitud a Rochon representó un movimiento calculado por parte de cuatro grandes fondos de inversión que buscaban ser pagados por una gran deuda.
Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited comprenden las cuatro firmas financieras que poseen bonos que fueron parte de la gran reestructuración de deuda tras el masivo default soberano de Argentina en 2001.
Específicamente, poseen valores vinculados al PIB, que prometen a los acreedores un pago si la economía de Argentina crece por encima de un cierto umbral. En 2019, estos fondos demandaron a Argentina en un tribunal del Reino Unido, argumentando que el país había calculado incorrectamente su PIB para evitar activar el pago de estos bonos.
En 2023, el tribunal falló a favor de los fondos, ordenando que Argentina les pagara más de 1,5 mil millones de dólares en deuda acumulada. Sin embargo, desde entonces, Argentina no lo ha hecho.
Sponsored SponsoredA la luz de esto, los fondos han lanzado una campaña global para localizar e incautar cualquier activo perteneciente al Estado argentino que pudieran encontrar en otros países.
Tras el escándalo LIBRA, los fondos han buscado justificar la incautación de millones de dólares generados por personas internas debido al lanzamiento del token.
La oferta de los acreedores se vuelve en contra de Milei
Los cuatro fondos de inversión internacionales apuntaron al escándalo LIBRA porque era un nuevo activo de alto valor que Milei promovió fuertemente.
En su última apelación ante el Distrito Sur de Nueva York, estos fondos necesitaban probar que los miles de millones generados por el token pertenecían al Estado argentino, no a individuos privados.
SponsoredSi pudieran probar esto, podrían intentar legalmente incautar las ganancias de LIBRA para cubrir su deuda. Los fondos solicitaron documentación extensa de Meteora, la plataforma de Solana que lanzó LIBRA. También exigieron el testimonio de varias personas para probar su causa.
Sin embargo, los frutos de sus esfuerzos realmente resultaron contraproducentes.
La jueza Rochon rechazó la solicitud de los fondos porque los acreedores no proporcionaron suficiente información creíble para justificar la implicación del sistema judicial de EE.UU. en una disputa que concierne principalmente a un estado extranjero y acreedores extranjeros.
Los fondos fueron criticados por participar en una “excursión de pesca”, lo que significa que no estaban buscando pruebas específicas y relevantes. En cambio, utilizaron el poder del tribunal para llevar a cabo una investigación especulativa sobre toda la operación de criptomonedas.
Ella señaló específicamente que sus pruebas apuntaban a la propiedad privada, complicando aún más la participación de Milei en el escándalo.