La justicia federal argentina ha intensificado su accionar en el marco de una investigación por presunta estafa vinculada a la criptomoneda LIBRA, cuya promoción por parte del presidente Javier Milei desató una crisis financiera en el ecosistema cripto argentino.
La jueza María Servini, a cargo del expediente, emitió recientemente un pedido formal al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el fin de obtener información sobre cuentas bancarias y movimientos financieros ligados tanto al mandatario como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esta medida incluye además a tres empresarios que figuran como imputados en la causa.
Javier Milei y su hermana bajo la lupa de la justicia argentina
Según CNN, el requerimiento judicial que se maneja bajo estricta confidencialidad, tiene como propósito analizar la evolución patrimonial de los implicados desde el año 2023 hasta la actualidad.
Esta solicitud surge tras las denuncias presentadas luego de que Javier Milei impulsara públicamente la criptomoneda LIBRA el pasado mes de febrero, provocando un aumento artificial en su valor que se desplomó en cuestión de horas.
El caso fue asignado a la fiscalía federal liderada por Eduardo Taiano, que ahora investiga posibles delitos financieros y lavado de activos.
Uno de los puntos más relevantes de la investigación involucra la orden judicial de congelar los bienes de tres figuras clave en la creación y promoción de LIBRA: Mauricio Novelli, empresario con conexiones directas con Milei; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; y Manuel Terrones Godoy, socio fundador de la firma Tech Forum.
La jueza Servini determinó una inhibición general de bienes por un periodo de 90 días, con el fin de evitar la dispersión de activos que puedan formar parte del esquema fraudulento.
El escándalo tomó un giro aún más delicado tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que muestran a familiares de Novelli, específicamente su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli, accediendo a cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia en Martínez, provincia de Buenos Aires, el 17 de febrero, apenas un día hábil después del mensaje promocional del presidente.
Las grabaciones revelan que ambas mujeres ingresaron con bolsos aparentemente vacíos y salieron una hora después con los mismos, esta vez notoriamente cargados.
Allanamientos y pruebas clave
Posteriores allanamientos a las cajas de seguridad, realizados por orden judicial, confirmaron que se encontraban vacías. Esta secuencia ha sido interpretada por la Fiscalía como una posible maniobra para ocultar activos obtenidos a través de la operatoria con LIBRA, cuya estructura de distribución de tokens —mayoritariamente en manos de los fundadores— ya había generado sospechas de centralización y potencial manipulación de mercado.
La Oficina de Lavado de Activos de la Policía Federal detalló en su informe que los movimientos registrados en video presentan indicios claros de ocultamiento de fondos.
Según el documento, el cambio en el volumen y el peso de los bolsos entre la entrada y la salida del banco sugeriría que los familiares de Novelli habrían retirado una suma significativa de dinero o valores.
La implicación directa de figuras del gobierno ha generado una fuerte reacción política. Legisladores de la oposición han exigido la conformación de una comisión especial en el Congreso para investigar a fondo el escándalo y esclarecer la posible responsabilidad penal del presidente, su hermana y otros funcionarios. Las acusaciones formales incluyen cargos por presunta estafa, cohecho y abuso de autoridad.
A modo de complemento, la jueza Servini también dictó una medida de “prohibición de innovar”, que impide a los imputados realizar cualquier movimiento patrimonial por los próximos 90 días. Esta disposición legal busca preservar los bienes involucrados mientras avanza la pesquisa judicial y se determina la magnitud del posible fraude.
El caso LIBRA ha encendido todas las alarmas en Argentina y expone no solo la fragilidad del mercado cripto en contextos de manipulación política, sino también la necesidad urgente de un marco regulatorio robusto.
Mientras la investigación continúa, el país observa con atención las consecuencias judiciales y políticas que podrían marcar un antes y un después en la relación entre poder y criptomonedas.
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