El Gobierno de Córdoba, provincia ubicada en el centro de Argentina, anunció una subasta que se llevará a cabo el día 15 de noviembre. La misma tiene por objetivo generar una plataforma para la puesta en valor de reducciones de emisiones contaminantes, a pequeña y mediana escala.
Con esto se busca, por un lado, promover la mitigación del cambio climático y mejorar la participación de los sectores público y privado en la materia.
Por el otro, permitir oportunidades para la coordinación entre instrumentos y arreglos institucionales pertinentes, con espacios de gobernanza y participación. La seguridad del sistema estará apalancada en la tecnología blockchain.
Con la medida se busca la creación de un futuro mercado de carbono provincial. Con esa lógica, las empresas que no emiten o disminuyen la emisión obtienen un certificado que se lo pueden vender a las compañías o gobiernos que emiten más de lo permitido.
El ministro de Servicios Públicos, Fabián López, explicó la iniciativa.
“Se trata de una primera experiencia piloto para un mercado voluntario de carbono restringido. En ese marco, los titulares de proyectos de mitigación tendrán la posibilidad de postular voluntariamente para que, luego de un proceso de pre selección, sean analizados por un Comité de Certificación.”
La cartera que conduce López organizará en menos de un mes la primera subasta electrónica entre oferentes (los que redujeron emisión de CO2) y compensadores (que necesiten bajar su impacto ambiental).
¿Cómo funcionará?
El plan, cuya seguridad utilizará tecnología blockchain, divide a quienes no emitieron o bajaron la emisión, y a quienes tuvieron una mala calificación en la materia. Entre los oferentes estarán:
- Proyectos que tengan instalaciones de generación distribuida fotovoltaica.
- Generación de biogás.
- Generadores de biodiesel de alto consumo.
- Industrias que accedieron al gas natural en remplazo de combustibles fósiles de alta intensidad de carbono.
Por el lado de los demandantes de certificados para compensar, estarán:
- Contratistas de obra pública dentro de la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
- Organismos dependientes del ministerio de Servicios Públicos u otras entidades públicas o privadas
- Funcionarios públicos.
Habrá un Comité de Certificación de Carbono Desplazado, definido por el ministerio para habilitar bajo normas IRAM a los oferentes voluntarios (ya está abierta la inscripción) y para validar las huellas de carbono de los compensadores.
“Una vez validada y cuantificada la reducción de emisiones de los proyectos, ese Comité emitirá las correspondientes unidades de carbono verificadas (UCVs), que cada una equivale a una tonelada de dióxido de carbono, que luego serán puestas a disposición en la subasta.”
Los actores con incentivos para compensar sus emisiones de GEI podrán adquirirlos para “pagar” su mayor contaminación. Al hacerlo, sacan de circulación los UCVs y reciben un Certificado de Carbono Desplazado (CCDs) que constata las toneladas de CO2 desplazadas.
Uso de blockchain
La seguridad de los certificados se apoyará en la tecnología blockchain del BID. La misma permitirá generar un token para representar los CCDs. La descentralización de esta red de blockchain está compuesta por 182 validadores.
Es decir, quien tenga un activo físico, el certificado que demuestra que dejó de emitir CO2, lo transformará en un activo digital que se enviará a la plataforma de subasta.
Quien compró este token lo recibirá un monedero virtual. Luego un smart contract transformará (quemará) ese token en un NFT que le dará el certificado que compensó.
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