La confiscación de Bitcoin por parte de EEUU ha generado una nueva controversia geopolítica. El Centro Nacional de Respuesta a Virus Informáticos de China (CVERC) denunció que el gobierno estadounidense habría incautado de forma ilegal 127,000 BTC, valorados en más de 13 mil millones de dólares, vinculados al caso del pool de minería LuBian.
El informe técnico del CVERC describe el suceso como un “caso típico de ladrones enfrentados”, acusando a una “organización de hackeo de nivel estatal” de orquestar el robo. El reporte reconstruye la cronología completa, desde el ataque de 2020 hasta la supuesta confiscación de los fondos por el Departamento de Justicia (DoJ) en 2025.
SponsoredEl caso LuBian: un monumental robo de Bitcoin
El caso LuBian comenzó el 29 de diciembre de 2020, cuando hackers explotaron una falla en el sistema del pool de minería china, robando 127,272 BTC en menos de dos horas. Según el CVERC, todas las transacciones compartían una comisión idéntica, lo que apunta al uso de un script automatizado de transferencia.
Los fondos, pertenecientes al empresario Chen Zhi, fundador del conglomerado camboyano Prince Group, permanecieron inmóviles durante casi cuatro años. En ese lapso, Chen publicó más de 1,500 mensajes on-chain pidiendo la devolución de los activos y ofreciendo recompensas.
La inactividad de los monederos hasta 2024 llamó la atención de analistas: no hubo movimientos de liquidación ni dispersión de fondos, una práctica común entre hackers. En cambio, el informe chino sostiene que se trató de una “operación quirúrgica” realizada por una entidad con recursos gubernamentales.
El 22 de junio de 2024, los BTC fueron trasladados a nuevas direcciones identificadas posteriormente por la plataforma Arkham como propiedad del gobierno de Estados Unidos.
Posteriormente, el 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra Chen Zhi y la incautación de los 127,000 BTC, vinculándolos a supuestos delitos financieros.
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CVERC acusa a EEUU de hackeo estatal y manipulación judicial
El CVERC contradice la versión oficial del Departamento de Justicia, argumentando que los Bitcoin confiscados corresponden exactamente a los robados en el ataque de 2020. Según su trazado técnico, la transferencia inicial provino de wallets pertenecientes a la mina LuBian, registradas bajo entidades vinculadas a Prince Group.
El centro afirma que la confiscación estadounidense es, en realidad, un acto de piratería digital realizado con técnicas de hackeo avanzado y encubierto bajo un marco legal posterior.
Para los analistas chinos, esta maniobra constituye un ejemplo de “conflicto entre ladrones” en el que una potencia estatal se apropia de los fondos previamente robados por otros. El informe detalla cinco fases del ataque:
- Explotación inicial y drenaje (diciembre 2020).
- Fase de latencia (2021–2024) con fondos congelados.
- Intentos de rescate mediante mensajes blockchain.
- Transferencia a wallets controladas por el gobierno estadounidense.
- Anuncio oficial y acusación pública.
Además, el análisis forense de los expertos detectó orígenes mixtos de los 127,272 BTC: 17,800 provenían de minería independiente, 2,300 de pagos en pools y más de 107,000 de exchanges. Estos datos contradicen la narrativa del DoJ que clasificó todos los fondos como “activos ilícitos”.
Implicaciones para la seguridad y la gobernanza de Bitcoin
El informe del CVERC va más allá de la disputa diplomática: advierte sobre fallas sistémicas en la generación de números aleatorios utilizados en monederos y pools de minería. Según el organismo, la vulnerabilidad del LuBian Pool derivó de un generador pseudoaleatorio inseguro, explotado mediante un script de transferencia automatizada.
SponsoredPara prevenir ataques similares, China recomienda mecanismos criptográficos más robustos, sistemas de firma múltiple, cold wallets y auditorías regulares. También insta a evitar módulos de generación de claves no verificados provenientes de comunidades open source.
La agencia subraya que, aunque Bitcoin es transparente y trazable, su seguridad depende del rigor criptográfico y la gestión privada de las claves. Cualquier debilidad técnica —incluso mínima— puede convertirse en un punto de acceso para ataques sofisticados, especialmente en un contexto de competencia geopolítica.
El incidente LuBian también ha reavivado el debate sobre la soberanía digital y la neutralidad de la infraestructura blockchain frente a la intervención estatal. En un entorno donde los gobiernos poseen capacidades cibernéticas cada vez más avanzadas, la protección de los activos digitales se ha vuelto un asunto de seguridad nacional.
En resumen
China acusa a Estados Unidos de apoderarse de 127,000 BTC vinculados al caso LuBian. El CVERC sostiene que el gobierno estadounidense hackeó y luego confiscó los fondos. El caso reabre el debate sobre ciberseguridad y soberanía digital en la era blockchain.
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