El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para la Argentina de 500 millones de dólares de libre disponibilidad. Se trata de un dinero que contribuirá a engrosar el nivel de las reservas del Banco Central (BCRA) y cuyo desembolso está previsto en los próximos días, en un solo pago.
El objetivo del préstamo, que fue aprobado por unanimidad por todos los miembros del board del organismo, está orientado al fortalecimiento de la capacidad de la Argentina de planificar y financiar acciones climáticas.
Así lo dejaron saber desde el Ministerio de Economía.
“Se trata de un claro ejemplo del compromiso de la Argentina con las políticas de combate al cambio climático que afecta dramáticamente la vida de las argentinas y argentinos, basta ver el ejemplo actual de la enorme sequía, pero también las inundaciones y otros graves fenómenos naturales.”
Los fondos ingresarán al Tesoro Nacional para compensar gastos que ya se realizan para la mitigación del impacto del cambio climático. A diferencia de operaciones habituales del BID, este crédito no está atado a una obra, como ocurre con los préstamos de inversión, y sumará recursos al país en forma inmediata.
Ocurre algo similar con el desembolso que destrabó el ministro Sergio Massa por 700 millones de dólares el mes pasado. Ese suma está destinada a la cobertura de necesidades de financiamiento de corto plazo. De acuerdo a lo comunicado por el propio Massa, también se utilizará para “proteger el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura, mientras se implementan reformas para reducir el déficit público, promover la estabilidad de los precios y asegurar la sostenibilidad de la deuda”.
El préstamo tiene un plazo de amortización de 20 años, con 5,5 años de gracia. Posee una tasa de interés basada en SOFR (Secured Overnight Funding Rate, que los bancos utilizan para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares), según precisó el organismo multilateral en un comunicado.
Dinero para acumular reservas
Estos préstamos de libre disponibilidad están atados al avance de las revisiones del programa con el FMI. Por estas horas hay una delegación de Economía en Washington que está analizando junto con los técnicos del Fondo la tercera revisión. De ser aprobada, liberaría unos 5.800 millones de dólares.
Esta inyección de dólares del BID es muy oportuna para apuntalar una de las metas más importantes del programa, que es el objetivo de acumular reservas a fin de año. También se busca la reducción del déficit al 2,5% y la emisión monetaria al 1%.
Massa es optimista en cuanto a la revisión. En una reunión con funcionarios de las carteras agropecuarias de las provincias se refirió al tema.
“Estamos cumpliendo en el cierre del 2022 los objetivos de acumulación de reservas, metas de crecimiento económico y de orden fiscal como instrumento de ordenamiento de las variables económicas.”
Cambio climático
Una porción de los dólares que ingresarán a Argentina tienen como destino reformar políticas vinculadas al cambio climático. Son cambios indispensables para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de los sectores que generan 80% de ellas.
Rubros como energía, transporte, agricultura, ganadería y cambio de uso del suelo. Así, se busca apoyar la descarbonización de la economía y contribuir a la meta establecida por el gobierno para la reducción de las emisiones anuales de CO2. El objetivo es pasar de 366 a 349 millones de toneladas métricas hacia 2030.
Como resultado del programa se contará con marcadores presupuestales climáticos en el presupuesto nacional. Aquí se incluye una partida para la conservación de más de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos y protegidos.
Como parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, se espera aumentar el número de proyectos de energía renovable y eficiencia energética apoyados. Se busca pasar desde los actuales 17 a 160 para 2024, e incrementar sustancialmente la participación de energías renovables en la matriz energética argentina.
En el aspecto financiero, se espera impulsar la emisión de bonos verdes, ampliar el número de bancos que emplean sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales para decidir la aprobación de sus operaciones. Además, aumentar la participación de fondos comunes de inversión que financian actividades con impacto significativo en algún aspecto social, ambiental, climático o de gobernanza.
En el área de manejo de residuos sólidos, la operación dará un fuerte impulso al reciclado de residuos urbanos, llevándolo de las actuales 0,9 a 1,3 millones de toneladas diarias en 2024, e incrementará sustancialmente el porcentaje de la población con acceso al sistema de recolección diferenciada.
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