La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El texto, entre otros puntos, amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
La norma dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas). También se suma a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
La propuesta cosechó 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones. El Gobierno de Argentina es el principal interesado en el avance de la reforma. Esto es así porque el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En esa evaluación mostrar un avance en la legislación que apunte a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Entre sus principales puntos, la reforma propone que la UIF pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía. Con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Alcance sobre criptomonedas
Para poder ejercer mayor control sobre la declaración de criptomonedas, se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales. Será un organismo que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores y cuya misión será detectar operaciones sospechosos por medio de activos virtuales. Por ejemplo, criptomonedas.
De acuerdo al dictamen de mayoría, la Unidad de Información Financiera podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones. El pedido podrá ir a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal.
También hacia personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional. Tampoco los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
La ONG Bitcoin Argentina fue crítica con la reforma
En línea con cuestionamientos que venía realizando para finales de 2022, la ONG Bitcoin Argentina se mostró en contra de los cambios aprobados en Diputados.
“El proyecto de ley sólo beneficia a los grandes operadores de servicios de exchanges y a los operadores internacionales que actúan sin presencia en el país. El proyecto actual expulsa a los usuarios hacia la informalidad o hacia los exchanges internacionales, fuera del alcance jurisdiccional de las autoridades locales, y en los cuales los usuarios no tienen ninguna capacidad de evaluar los riesgos y de demandar legalmente ante posibles incumplimientos”.
En el comunicado emitido por la organización entienden que lo resuelto excede los pedidos efectuados por el GAFI:
“Este proyecto de ley excede las pretensiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y golpea innecesariamente a la criptoeconomía, en especial a las personas que actúan en el ecosistema, sea como usuarios finales o como pequeños y medianos operadores y prestadores de servicios tecnológicos, comerciales y financieros de valor agregado, que llevan adelante una actividad lícita, muy demandada por la sociedad”.
El documento crítico cierra con un pedido hacia los senadores, ámbito en el que continuará el debate:
“La Cámara de Senadores de la Nación está a tiempo de evaluar las modificaciones necesarias para que esta norma no afecte de forma negativa a miles de personas que trabajan dentro de un sector económico pujante y activo como lo es la industria cripto. Desde la ONG Bitcoin Argentina queremos colaborar en la generación y crecimiento de una criptoeconomía sana, pujante y competitiva”.
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